Se «fraccionaban» contratos en varios expedientes para burlar la ley y no convocar concurso; se emitían facturas «con conceptos genéricos» y «sin desglose» de los servicios prestados; las adjudicatarias empezaban a trabajar sin que se les hubiese otorgado formalmente los encargos; se pagaban facturas «en las que no constaba sello ni firma de conformidad con la obra ejecutada o servicio prestado» y se valoraban ofertas simuladas procedentes todas de la trama Gürtel y sin que ni siquiera se «acreditara» su presentación a través del registro de la conselleria de turno. Son sólo algunos de los incumplimientos de la ley que la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado (IGAE) ha detectado en los 54 contratos contabilizados por este periódico en veinte áreas distintas de la Generalitat.

La Intervención ha fiscalizado la gestación de los contratos y la documentación que los sustenta en un informe detallado de 251 páginas realizado a petición del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La radiografía se ha incorporado al sumario de la pieza número 5 de la causa Gürtel, la que se refiere a los contratos menores de la Generalitat con las empresas de la trama de Correa, antes de que se cerrara la investigación y que las partes presentaran los escritos de conclusiones y petición de penas. De ese estudio se excluyen los cinco expedientes del pabellón valenciano en Fitur, al tratarse de contratos por cantidades que sobrepasaban ampliamente los 12.020 euros. Gürtel facturó 5,3 millones a la Agència de Turisme (AVT).

Las anomalías detectadas son de tal magnitud que los técnicos de Hacienda autores del informe llegan a concluir en algunos casos, como el contrato del vídeo de difusión de los parques empresariales del Sepiva, que «no puede considerarse que sea un expediente de contratación». El pliego de condiciones «carece de criterios» de selección de ofertas, las supuestas cartas invitando a un mínimo de tres empresas en negociados sin publicidad no constan en registro, ni tampoco aparece la valoración de ofertas. Parecidas deficiencias se hallan en el paripé de adjudicación de la campaña del contenedor amarillo por parte de Vaersa, destapado por este periódico. En ese caso, a esas irregularidades se suman que no existen «pliegos de condiciones», ni «orden que justifique la necesidad de contratar el servicio». La Mesa de Contratación justifica la elección de Orange Market por su «experiencia en trabajos similares», cuando «no consta ningún trabajo» de ese tipo, según la documentación revisada por Hacienda. En el contrato de la Volvo Ocean Race de 2008, adjudicado por la Sociedad para la Imagen Estratégica por 500.000 euros más IVA, se subraya la existencia de un «contrato indeterminado» con un pliego «que no establece criterios de valoración de las ofertas», no tiene «firma y se desconoce si ha sido previamente informado por los servicios jurídicos». En la concesión del Vídeo de Ampliación del Clínico, por 69.107 euros, «no consta expediente contable».

Entre los múltiples ejemplos de fraccionamiento de contratos, se analizan los de los actos Tolerancia Cero y Punto Final, en el que aparece un mail dirigido al consejero de Orange Market Cándido Herrero con la orden de «desglosar la factura de Bienestar Social en dos de 12.000». El mismo Cándido Herrero se dirige a la empleada de Gürtel en Madrid Isabel Jordán para indicarle que necesita «3 facturas por 30.000 euros para Cultura y Deporte por el Open de Tenis». «Los conceptos tienen que ser los propios del evento y diferentes en cada factura. Es urgente presentar las facturas», avisa Jordán. «En la facturas no consta sello ni firma de conformidad con la obra ejecutada o servicio prestado», denuncia la Intervención del Estado.