La reforma del Estatuto de Autonomía para incorporar la cláusula que blindaría las inversiones del Estado en la C. Valenciana en función del peso de su población en España tal como tiene Andalucía, mientras Cataluña lo ligó al PIB sigue paralizada en el Congreso, después de que a principios de septiembre el PPCV solicitó el aplazamiento del debate por cuarta vez, con el argumento de que hay en marcha otra modificación de la Carta valenciana, la impulsada por el presidente Alberto Fabra para reducir el número de diputados de las Corts y la elección directa de un tercio de los parlamentarios. La reforma de Fabra no tiene ninguna posibilidad de prosperar al no contar con la mayoría requerida por el rechazo de la oposición. Pero la maniobra enmascara el veto de Génova a una cláusula que sí aceptó para Andalucía, lo que le permitió a ésta, además de Cataluña, gozar durante varios años de un plus inversor.

El blindaje de las inversiones, tras vetarlo en el debate del Estatut, lo impulsó Camps antes de los comicios de 2011 al ver que el Ejecutivo de Zapatero asumía esos compromisos. A partir de ahí, sin embargo, el texto ha quedado en vía muerta en Madrid. De haberse aprobado, habría supuesto en los cuatro presupuestos posteriores de Rajoy los de 2012 a 2015 la friolera de 2.010 millones extra. Una cifra que habría servido, al menos, para paliar la insuficiente financiación autonómica, en la que la C. Valenciana pierde mil millones anuales al no gozar de los mismos fondos por habitante que la media.

En las cuentas del próximo año, cada valenciana recibirá 155,4 euros para obras de infraestructura del Estado. La cifra constituye una mejora de 35,4 euros respecto a 2014 (cuando la asignación fue de 119,9 euros), superior a la subida media (32,4 euros). Sin embargo, los valencianos se quedan a 85,79 euros de la media. De haber estado en el promedio, tendrían 428 millones más para obras. En 2014, la distancia respecto a la media fue de 89,18 euros, lo que se tradujo en una pérdida inversora de 456 millones; en 2013, de 98 euros y un desfase inversor de 502 millones; y en 2012, de 122 euros, 624 millones de menos. En total, los citados 2.010 millones.

La mitad que un extremeño

Con los 155 euros per cápita la valenciana ocupa la duodécima posición, teniendo en cuenta que por debajo están Navarra, con un sistema de financiación privilegiado, o Canarias, con un régimen singular. Eso la coloca en el furgón de cola de las inversiones. El aumento del 26 %, con todo, le ha permitido subir dos puestos (en 2014 ocupaba la 14ª plaza), adelantando a Madrid y a Cataluña. Los más primados son Castilla y León (699 euros per cápita), Galicia (504), Cantabria (390) y Extremadura (335). Cada valenciano recibirá en 2015 para actuaciones del Estado menos de la mitad que un extremeño y más de tres veces menos que un gallego.