La Generalitat presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que le obliga a entregar a Compromís las facturas de gastos pagados con la caja fija desde al año 2006. La decisión, acordada ayer en el pleno del Consell, dinamita el discurso del jefe del Consell, Alberto Fabra, sobre transparencia, al tiempo que pone en la picota el proyecto de ley que Presidencia de la Generalitat quería pactar con la oposición para acabar con la opacidad en la administración. La portavoz del Consell, Maria José Català, mantuvo ayer en rueda de prensa que no se trataba de un problema de «voluntad» política y justificó el recurso en las dificultad de cumplir con el fallo. La consellera sostuvo que para dar cumplimiento a la sentencia se necesitarían que cuatro funcionarios estuvieran durante todo un año dedicados en exclusiva a fotocopiar los cerca de tres millones de facturas pagadas por la caja fija de todas las consellerias desde 2006.

Más de 6.000 horas de trabajo, precisó Català, quien insistió en que esta tarea alteraría el ritmo normal de la Generalitat. La consellera, además, indicó que el Consell se apoyará en el informe del fiscal que, en la causa que Compromís ha ganado en los tribunales, daba la razón al Consell al considerar que la negativa de la Generalitat a entregar los documentos no suponía una vulneración de derechos fundamentales. El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, alegó en este proceso que entregar esta voluminosa documentación implicaría un colapso en la Generalitat y pedía a Compromís que le concretara qué facturas quería y acotara el periodo de tiempo. Sin embargo, en la sentencia aireada por Compromís, el alto tribunal deja claro que el argumento del Consell era una negativa encubierta y que las facturas están registradas en sistemas informáticos.

La propia Català, admitió a preguntas de los periodistas, que existe un registro contable de los gasto en soporte informático y que, si la oposición lo solicita «no habría problema en remitirlo». No obstante, se escudó en la literalidad de la solicitud presentada por la diputada de Compromís Mònica Oltra, que «era de entregar todos los documentos desde 2006».

En este contexto, subrayó que cumplir lo que pide la diputada de «alteraría el ritmo normal de la Generalitat». «No es una cuestión de voluntad», apostilló.

Català mantuvo que «nunca» ha puesto «ningún problema» a que los diputados acudan a consultar los documentos que les interesan. Es más puso como ejemplo las facturas de la Fórmula 1 y señaló que tanto Oltra como otros diputados de la oposición están pidiendo gastos de caja fija de las distintas conselleries mese a mes y se les está haciendo entrega.

Los anticipos de caja fija constituyen el secreto mejor guardado de la Generalitat. Estos gastos están previstos para atender de forma inmediata, fuera del presupuesto y sin control previo, determinados gastos periódicos o repetitivos como dietas, desplazamientos en taxis, entre otros. Estos gastos se pagan y luego se justifican con la factura. Aunque están regulados y requieren autorización, en la práctica han servido para afrontar gastos cuánto menos llamativos como huevos kinder, picotas de cerezas o vitaminas para el gabinete del presidente. Sin embargo, las sospechas de Compromís van más allá de estos gastos poco defendibles ante la opinión pública. La coalición teme que la caja opaca se usara para fraccionar contratos y pagar sin dejar rastro.