El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no obligará al Consell a devolver los 4,4 millones de euros que cobró a los discapacitados y mayores a través del decreto de copago que se ha considerado ilegal. Los magistrados proponen que los usuarios de centros y residencias a los que se les impone esta tasa vuelvan otra vez a los tribunales para reclamar a la Generalitat la devolución o, «subsidiariamente», exijan «la responsabilidad patrimonial» a la administración autonómica.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó ante el TSJ un escrito para la aclaración de la sentencia que anuló el copago a 3.300 discapacitados y mayores usuarios de centros y residencias financiadas con dinero público. El tribunal que falló en su favor alega que no puede exigir la devolución del copago «pues la sentencia dictada en este proceso declara la nulidad de una disposición general, y sus efectos se agotan con la expulsión de dicho Decreto del ordenamiento jurídico». Por ello, añade, «La actora ha visto satisfecha su pretensión de nulidad radical del reglamento cuestionado, sin que queden afectados por este pronunciamiento los actos de ejecución del mismo, por completo ajenos a este proceso y a su objeto».
El TSJ considera que si obligara a devolver los 4,4 millones abonados hasta la publicación de la sentencia «vulneraría el marco competencial de la sala» y «excedería el ámbito del proceso» porque afecta a otros organismos autonómicos, como podría ser la Conselleria de Hacienda. Pero el tribunal recuerda que la nulidad del decreto 113/2013 «abre jurídicamente la vía para la solicitud de devolución de los ingresos devenidos o indebidos». También, subsidiariamente, los usuarios afectados «pueden acudir a la exigencia de responsabilidad patrimonial de la Generalitat».
La vía de la responsabilidad patrimonial es la que están utilizando los herederos de los dependientes a los que la Conselleria de Bienestar Social les ha negado recuperar el dinero que adelantaron sus familiares que fallecieron sin cobrar la prestación por los retrasos injustificados de la Generalitat.
En este caso y con el amparo del Tribunal Superior de Justicia los herederos de los dependientes están ganando todos los procesos vía responsbilidad patrimonial por sus retrasos porque consideran que atentan contra los derechos de las personas dependientes.
