El presidente del Consejo de Liquidación de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Carlos Cervantes, ha advertido de que "hasta que no se culminen" los procesos judiciales abiertos contra la cadena pública no se podrá proceder a su extinción. No obstante, confía en que se cumpla lo acordado en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de proceder a la extinción de esta entidad a fecha de 30 de junio de 2015 y que a lo largo del año próximo se pueda pagar a los acreedores.

Cervantes se ha expresado de esta manera durante su comparecencia en la Comisión de Control de RTVV en las Corts, a petición del grupo socialista. La comisión ha comenzado sólo con la comparecencia del presidente del Comité de Liquidación pero los grupos de la oposición han protestado porque la solicitud era que comparecieran los otros dos componentes, Carlos Pérez-Marsá Vallbona y José Hernández Pons, que estaban presentes en la sala.

Así, tras la primera intervención de Cervantes y la del socialista Josep Moreno, el presidente de la Comisión, Ricardo Martínez, ha ordenado que los otros dos miembros comparecieran, aunque ha sido Cervantes quien ha llevado el peso de la exposición.

"El objetivo es pagar a los acreedores en 2015 y culminar las tareas de liquidación en la fecha del acuerdo del ERE, que es el 30 de junio de ese año", ha apuntado el liquidador, quien ha afirmado que espera "cumplir", aunque "siempre quedarán las relaciones jurídicas derivadas de procesos abiertos contra la televisión; algunas de naturaleza laboral, otras de naturaleza mercantil por algún acreedor que puede preferir la vía judicial para cobrar". Por tanto, "hasta que no se culmine la relación no se puede proceder a la extinción jurídica de la compañía", ha agregado.

Asimismo, ha informado de que han solicitado a la Abogacía de la Generalitat la firma de un convenio que les permita tener la defensa prestada por letrados de la Generalitat para los pleitos que hay vigentes, pensando en el año 2015 y la falta de medios personales de la televisión.

Los grupos de la oposición han rechazado el proceso de liquidación de RTVV y han asegurado que su objetivo es "rehacer" la televisión pública tras las elecciones de mayo de 2015. Incluso, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha puesto como fecha para reabrirla el 9 d'Octubre del año que viene. Ha sido el propio síndic de la coalición quien, en declaraciones en los pasillos de las Corts, se ha mostrado convencido de que "será imposible liquidar RTVV antes de junio de 2015" porque el proceso está "viciado de nulidad", algo que ha descartado el liquidador.

Por su parte, el portavoz socialista en la Comisión, Josep Moreno, ha formulado y entregado por escrito 42 preguntas a los liquidadores, sobre el proceso que están llevando a cabo, y les ha amenazado con denunciarles ante la Justicia si no respondían a sus cuestiones.

Del mismo modo, el portavoz adjunto de EUPV, Ignacio Blanco, ha señalado que deberían comparecer también los "verdaderos liquidadores" de RTVV, Alberto Fabra, José Císcar y Serafín Castellano, ha dicho.

También en los pasillos de las Corts, el presidente del Comité de Empresa de RTVV --varios integrantes han estado presentes en la comisión--, Vicente Midsuf, ha comentado que "se ha cerrado mal" la televisión y "quedan algunos contratos que están mal" y que si se hubieran controlado "se podría haber salvado muchos empleos".

Triskel y el Villarreal CF

Midsuf se ha referido así a las declaraciones del liquidador compareciente, en las que ha advertido de que hay contratos como el de la empresa Triskel que se ha acordado no pagar porque existe un informe interno de la televisión "que ponía en tela de juicio el valor de sus pagos" y si RTVV debe pagar a esta empresa "lo decidirá un juez".

Igualmente pasa con el contrato de patrocinio con el Villareal CF, cuyas facturas pendientes no se van a atender porque el personal de la cadena "informó de que no se correspondían con las prestaciones que estaban pactadas", ha dicho Cervantes.

Del mismo modo, se le ha preguntado si se están pagando las deudas a una gran empresa que a su vez debe dinero a RTVV. En este sentido, Cervantes ha señalado que exigen que "cualquier deudor de la televisión pague lo que debe" y también que se fían de los profesionales de la televisión encargados de supervisar los contratos de la cadena pública.

Informe de auditoría

Por otro lado, con motivo de las preguntas de la oposición Cervantes ha explicado con la presentación del balance de la cuenta general de la Generalitat de 2013 no se publicó el informe de auditoría externa del ente RTVV con Deloitte porque hasta hace dos semanas "no estaba contratada la firma auditora". Se trata de una cuestión "muy peregrina y muy prosaica", ha apuntado.

Otro de los asuntos que ha interesado a la oposición ha sido el archivo audiovisual y administrativo de RTVV y el posible proceso de subasta y el desmantelamiento de las infraestructuras de RTVV. En este sentido, el liquidador Carlos Pérez-Marsá ha tomado la palabra para explicar que están siguiendo el asesoramiento de trabajadores de la televisión para desmantelar los equipos, mientras que Cervantes ha apuntado que "no se ha preparado ninguna subasta de venta" todavía.

Archivo

Por lo que se refiere al archivo administrativo, el diputado socialista Josep Moreno ha reclamado poder acceder a los almacenes donde están guardados porque duda de la situación de conservación de unos documentos. También ha pedido conocer el nombre y apellidos del trabajador responsable de esta tarea, aunque no se lo han facilitado.

En este punto, Cervantes ha dicho que están "trabajando para que el centro de documentación disponga de tecnología informática para que se trabaje en la mejor conservación" de los archivos y medios audiovisuales, al tiempo que ha apuntado que, hasta donde conoce, sólo se ha procedido a la cesión de unas imágenes a la UPV.

Cuando "vivía más tranquilo"

Otra de las cuestiones por las que se ha interesado la oposición ha sido la deuda del ente RTVV con bancos, que han cifrado en unos 800 millones y espera que tanto Banco Santander como La Caixa acepten subrogarla con la Generalitat. En este sentido, ha explicado que hay entidades que sí han traspasado la deuda del ente a la Administración Pública, por valor de 300 millones, por lo que esta cantidad, por tanto, "ha sido sacada del balance" de la empresa, ha dicho Cervantes.