La portavoz del Consell, María José Catalá, justificó el viernes el recurso al Supremo contra la sentencia del TSJ que les obliga a hacer pública la caja fija desde 2006 en que colapsaría la Administración por los tres millones de facturas a entregar. Y eso que, como indica el fallo, están en soporte informático. Sin embargo, el Ejecutivo tampoco ha informado cuando las solicitudes han sido más concretas. El socialista Rafael Rubio pidió el año pasado hasta en tres ocasiones la caja fija solo de Presidencia y desde 2012, y la respuesta fue igualmente negativa. Ahora tiene una petición pendiente referida a 2013 y 2014. Llegó el 7 de octubre al Consell, que tiene veinte días hábiles para responder. «Ya han pasado 13», apunta Rubio. La solicitud reclama el expediente mensual. «Ha habido una ocultación sistemática», censuró Rubio, quien recordó las «excusas» para negarle la información: «Primero, que no había propiamente un expediente, y después, que afectaría al funcionamiento del servicio». «Si no dan la información, se evidenciará que la ocultan para tapar pagos que podrían acarrear responsabilidades de cualquier tipo, incluso penales», avisa.
