El expresidente provincial del PP y de la diputación, Carlos Fabra, admitió el mes pasado que su petición de indulto tiene pocas opciones de prosperar, un augurio que está cerca de confirmarse después de que la Audiencia Provincial de Castelló y la Fiscalía Anticorrupción hayan manifestado su posición contraria a la concesión de la medida de gracia, tal como hizo la Agencia Tributaria. Con el informe de las partes, el Ministerio de Justicia ya dispone de los elementos necesarios con los que elaborar un dictamen para elevarlo al Consejo de Ministros, que es el que concede o deniega indultos.
La Agencia Tributaria, como parte perjudicada, fue la primera en pronunciarse en contra. Ayer se conoció la postura de la Fiscalía Anticorrupción y del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló. Especialmente relevante es el de este último (el mismo que condenó a Fabra y luego suspendió la ejecución de la pena), cuyo dictamen es desfavorable, ya que entiende que «no concurren motivos de equidad ni de justicia que hagan aconsejable el indulto».
Más extensa es la argumentación de la Fiscalía. Incide en que Fabra «se enriqueció» durante el tiempo en que ejerció funciones públicas y registró incrementos patrimoniales no justificados por los que ha sido condenado. «Es indudable que dicha conducta cometida por persona de tan altas responsabilidades públicas y por atentar contra el patrimonio del Estado, eludiendo el pago de impuestos, es intolerable e inasumible para la sociedad», señala.
La salud del condenado
Anticorrupción también rebate el argumento de Fabra sobre el riesgo de infección que supondría el ingreso en prisión tras haberse sometido a un trasplante de hígado. «En la actualidad y por sus comparecencias públicas, no parece que goce de mala salud», afirma el ministerio público, que recuerda que el Derecho Penitenciario dispone de normas y mecanismos «que permiten evitar los riesgos expuestos por el condenado».
La Fiscalía concluye que Fabra está utilizando «todos los previstos en la ley» «con un único objetivo: retrasar sine die su entrada en prisión».
