Felipe del Baño, relegado al número 34 de la candidatura del PP en las elecciones de 2011, nunca pensó que la lista correría tanto (gracias a los imputados) como para regresar a las Corts. Tampoco que su vuelta fuera tan penosa. Y polémica. Del Baño, imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por su gestión como concejal de San Antonio de Benagéber (puesto del que dimitió por «motivos personales» hace un mes, dos días antes de trascender su imputación), tomó ayer posesión del escaño en sustitución del dimisionario presidente de las Corts, Juan Cotino. Una nube de cámaras y periodistas aguardaba su llegada al pleno. Del Baño los esquivó pasando por detrás y metiéndose directamente en el hemiciclo. Peros los periodistas lo siguieron hasta el escaño. Allí, visiblemente nervioso, lo asaetearon a preguntas. No contestó a casi ninguna. «¿Se siente apoyado por el partido?», se le inquirió. «Sí», contestó tajante para, acto seguido, repetir mientras seguían las preguntas: «Lo siento, lo siento. Estamos en el pleno, a punto de empezar. No hago declaraciones».

El popular, que focalizó ayer la atención de los medios a nivel nacional, también deslizó que «en ningún momento» nadie en el partido le ha pedido que renuncie a su acta de diputado con motivo de su situación judicial. La realidad, sin embargo, es que la dirección regional lo llamó días atrás para plantearse la renuncia al acta. El objetivo era que renunciara el siguiente, el alcalde de Enguera, que también está imputado, para que entrara la primera edil de la Pobla de Vallbona, Carmen Contelles. «El caso es que estoy aquí», apostilló del Baño a la prensa. Y ya no hubo más. «¿Conoce la línea roja de Fabra?», se le insistió. «Está sonando el timbre, vamos a empezar», se excusó. Del Baño se atrincheró en el escaño y no lo abandonó. A media mañana hizo un amago de salir pero, al otear periodistas en el horizonte, regresó a la seguridad de su escaño, en la última fila de la bancada de la oposición, justo detrás de EU. Al final de la mañana pudo salir brevemente.

«Bienvenido a esta casa», lo había agasajado a primera hora el nuevo presidente de las Corts, Alejandro Font de Mora, tras prometer y no jurar, Del Baño es del ala liberal del partido el escaño. Tras ello, la oposición salió al pasillo para denunciar que los diputados del PP ya vienen, por así decirlo, imputados de serie y subrayar que el caso deja en evidencia la «línea roja» del presidente Alberto Fabra.

PSPV: «Es otra forma de robar»

El socialista Antonio Torres acusó a Fabra de «no luchar contra la corrupción» y recriminó que el Consell se «inventa un nuevo delito», según el cual, cuando un funcionario comete «una prevaricación administrativa y, como consecuencia de eso, alguien se llena los bolsillos, no hay problema». «Eso es otra forma de robar», asestó. Enric Morera (Compromís) sostuvo que el PP «no está en condiciones de regenerar la democracia y devolver la decencia a las instituciones», por lo que urgió el «cambio político». E Ignacio Blanco (EU) censuró que «las líneas rojas de Fabra no se aplican».

El portavoz popular, Jorge Bellver, no quiso hacer declaraciones. Frente al silencio del grupo, Fabra salió a la palestra para defender que la imputación de Del Baño es «administrativa» y no por «corrupción», por lo que el exedil no entra en su «línea roja». «Yo siempre he hablado de imputación por corrupción y en ese sentido es una imputación administrativa; nada tiene que ver» con la línea roja, dijo. «Hemos sido inflexibles y lo vamos a seguir haciendo», aseguró respecto a las imputaciones por corrupción. Entre los diputados del PP, algunos criticaban la supuesta doble vara de medir, ya que sí se ha hecho dimitir a otros responsables imputados por prevaricación como consecuencia de decisiones administrativas en el marco de los casos Gürtel y Brugal. En el grupo popular, quedan otros dos imputados por Gürtel, Ricardo Costa y Yolanda García.

La imputación de Del Baño (junto al alcalde) nace de la denuncia del grupo local Plataforma San Antonio de Benagéber ante la Fiscalía por la «contratación verbal» de un trabajo de jardinería por 50.000 euros y el encargo de unos libros conmemorativos de la población «que no han aparecido y por los que se pagó unos 50.000 euros». Plataforma SAB lamentó que San Antonio de Benagéber sea conocido por los escándalos en la gestión municipal.