Fraude fiscal. Blanqueo. Falsedad documental. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación de fondos públicos. Caso Emarsa. Trama Gürtel. Caso Nóos. Estos son algunos de los delitos y nombres con que se bautiza a las grandes investigaciones que retratan el escenario de corrupción fiscal generalizada que ha sacudido España en los últimos años.
La Comunitat Valenciana registra un notable protagonismo en ese escenario. Así lo atestigua un mapa realizado con datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sitúa a la valenciana como la segunda autonomía -con 280 casos abiertos en total- en número de procesos de este tipo.
Solamente Andalucía -con 656- supera a la Comunitat Valenciana en términos cuantitativos. A su vez, Cataluña (215 casos), Canarias (197), Madrid (181) y Galicia (110) son las otras autonomías con grandes cifras de delincuencia fiscal. De hecho, en estas seis autonomías se concentra el 75% de todos los procesos judiciales abiertos en todo el territorio nacional.
En los datos del CGPJ se diferencia entre casos donde el fraude fiscal y el blanqueo son las principales causas y otros macroprocesos de mayor magnitud. En la C. Valenciana se registran 200 procesos del primer tipo y 80 del segundo. En total, 280 investigaciones.
Los datos del CGPJ abarcan un amplio espectro de investigaciones que ya se encuentran en sede judicial y donde están presentes las actuaciones de un amplio abanico de organismos oficiales con competencias en la materia: la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y la Agencia Tributaria son algunas de las entidades fiscalizadoras que intervienen.
Investigaciones y denuncias
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «hablamos de un tema que cada vez está más presente y sobre el que la opinión pública tiene una mayor sensibilidad. En la mayoría de casos son procesos que están originados por investigaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad o por denuncias interpuestas en el ámbito político. La Agencia Tributaria entra después y complementa las maniobras con sus informes». Consultado sobre las diferencias geográficas, Mollinedo comentó que «en los dos primeros peldaños de la clasificación autonómica se encuentran dos regiones donde un partido manda desde hace mucho tiempo. Aunque hablemos de colores distintos, se da esa clara similitud. Quizá, con el tiempo se difumina la línea que separa la acción de partido y la acción de Gobierno».
A su vez, el representante de los técnicos de Hacienda también apuntó que «en la Comunitat Valenciana y en Andalucía ha habido una gran ´lucha´ en la arena política contra la corrupción fiscal, donde los partidos de la oposición han decidido tomar cartas en el asunto y convertirla en un ´caballo de batalla´. Sin embargo, también debemos recordar que abrir una investigación no presupone siempre que haya una condena, ya que puede acabar en sobreseimiento o no probarse el delito».
Por otra parte, el portavoz de Gestha argumentó que «la Agencia Tributaria dificilmente descubre estas tramas, ya que lo que normalmente realiza es lo que se llama un control ´clásico´ de discrepancias entre las bases de datos y las declaraciones de Hacienda. Las grandes empresas con grandes intereses normalmente están bien asesoradas o cuentan con un amplio equipo de profesionales y técnicos y no dejan cabos sueltos. No dejan este tipo de hilos a los que cogerse».
El fraude fiscal a menor escala es otro gran frente para la Agencia Tributaria. Así, desde Gestha atestiguan que en la mayor parte de los casos destapados por Hacienda nos encontramos con un perfil claro del denunciado: jóvenes profesionales que comienzan una actividad, pequeños autónomos o microempresarios.
Mollinedo expuso que «el 80% de la plantilla dedicada a la inspección se dedica al pequeño fraude y el 20%, a las grandes empresas, cuando debería ser al revés. Esto es así porque la Agencia Tributaria intenta cumplir objetivos y si te centras en pequeños fraudes los resultados de las operaciones de control cuadran y los objetivos se cumplen».
El portavoz de Gestha puso un ejemplo claro: «Si un pequeño autónomo recibe una multa de 15.000 euros le es muy difícil contratar un abogado y un procurador. Lo que pasa es que paga y hace de tripas corazón aunque no esté de acuerdo. Con una gran empresa todo es diferente. Cuenta con grandes equipos de asesores que no dudan a la hora de dilatar el conflicto por si se da un cambio de normativa y las cantidades a pagar disminuyen. No les importa alargar el plazo de la investigación».
