El virus de la incertidumbre respecto al resultado de las próximas elecciones autonómicas no sólo habita en los cuerpos de los dirigentes y cargos públicos del PPCV, un partido que en mayo de 2015 cumplirá veinte años en la Generalitat. Los aires de cambio han empujado ya a decenas de altos cargos, algunos de ellos históricos en la Administración popular, a buscar acomodo en el sector privado.
Muchos han anticipado la mudanza por los tiempos difíciles que se viven (el miedo a firmar y resultar imputado es una realidad, como lo es también que para muchos profesionales los sueldos públicos son exiguos), pero la certeza de que hay más posibilidades de encontrar un nuevo empleo cuando se está activo pesa mucho en la decisión.
Ahora bien, los casos de diputados que dejan el acta o cargos que se apean voluntariamente del coche oficial son los más visibles, pero no los únicos, ni si quiera los más numerosos. La Generalitat alberga más de cien mil empleados públicos, algunos de los cuales llevan buena parte de su vida profesional al calor de la Administración popular.
Dos décadas son más que suficientes para que los diferentes responsables del Consell hayan hecho una función pública a la medida del poder y controlado aquellos puestos claves en el organigrama. Sin embargo, con una posible mudanza forzada a la vuelta de la esquina, el nerviosismo ha cundido entre muchos altos funcionarios que temen no encontrar su lugar en el mundo si finalmente el partido de la gaviota se marcha a la oposición.
Esta situación está en el origen de muchos de los movimientos que de forma silenciosa se están produciendo en las entrañas de la Generalitat. Como ya contó en mayo del año pasado Levante-EMV, a lo largo del ejercicio el Consell ha llevado a cabo una «colonización» de puestos funcionariales capitales mediante el procedimiento de libre designación.
Sólo en el ámbito de la Administración del Consell (excluyendo Sanidad y Educación) hay más de 700 plazas diseñadas para ser ocupadas a dedo. Los procesos de nombramientos están muy avanzados y la mayoría de conselleries han convocado ya concursos para blindar a sus ocupantes. Al ser puestos a dedo, la normativa establece que puede ser «cesado con carácter discrecional», pero estos empleados tendrán más puntos que otros cuando opten a concursos de méritos y además, la mayoría habrá consolidado el grueso de su sueldo. Pero estos caldos no son los únicos que casi de forma imperceptible se están cocinando en los despachos de la función pública. El Consell está elaborando un decreto sobre movilidad funcionarial -algunos borradores ya obran en poder de los sindicatos- para, entre otros objetivos, «salvar» al personal cedido por otras administraciones en caso de debacle electoral.
Se trata de personal funcionario procedente de otras administraciones, sobre todo de ayuntamientos, que están camuflados por las distintas conselleries también mediante la libre designación. Y no son una, ni dos, sino 234 las personas que trabajan en la Generalitat, pero que no pertenecen a la plantilla.
Con la normativa actual, este personal debe cesar y volver a su puesto sin más garantías. Las modificaciones que plantea ahora el Consell implican un tratamiento especial para estos casos. Se busca que si el personal es relevado y no obtiene destino en su ayuntamiento pueda ser adscrito a otra plaza aunque no esté abierta a otras administraciones. Además, tendrían preferencia a la hora de elegir localidad. Eso sí, no gozarían de la garantía retributiva del resto de funcionarios que han ocupado otro puesto distinto al suyo por libre designación.
Y es que la reserva del puesto, que un funcionario pierde a los dos años de estar desplazado, está en el origen de muchos de los movimientos que ya se están dando en la Generalitat. En el ámbito sanitario, tal como ha informado este diario, «jefazos» como los directores de departamento de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad están pidiendo ya regresar a sus antiguos puestos. La desbandada busca negociar con tiempo un buen lugar donde refugiarse antes de que la migración sea obligada para centenares de funcionarios.
