Los impulsores del proyecto Serranía Celtibérica, que agrupa a 1.263 municipios de cinco comunidades autónomas con despoblación extrema, entre los que figuran 41 pueblos valencianos de interior, presentaron ayer en el Senado la iniciativa elaborada por treinta investigadores universitarios y reclamaron de manera formal ante los senadores que esta entidad geográfica semidesértica sea declarada zona de Inversión Territorial Integrada (ITI) por la Unión Europea. Se trata de una fórmula recogida en la nueva reglamentación de los fondos europeos para paliar un problema específico en un ámbito territorial concreto como es la despoblación de las zonas rurales.

Francisco Burillo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza, solicitó el apoyo estatal a este proyecto y defendió la viabilidad de las poblaciones en regresión demográfica asentados en el territorio de los antiguos celtíberos. Su atraso y despoblación, explicó, «no es una cuestión estructural, puesto que en Nueva York y Moscú hace más frío que en estas zonas. Es fruto de una falta de inversiones centenarias que se remonta a principios del siglo XX y se ha acentuado progresivamente», explicó ante los senadores miembros de la Comisión Especial de Estudio sobre las medidas a desarrollar para evitar la despoblación de las zonas de montaña. Los senadores, según los representantes del proyecto, les prometieron apoyar la iniciativa. Eso sí: sin concretar cómo. Pero les encargaron la elaboración de un mapa de la despoblación española. Un síntoma de que arropan el proyecto.

Para conseguir el reconocimiento europeo, los impulsores de la Serranía Celtibérica deben conseguir ahora el apoyo de los cinco gobiernos autonómicos afectados (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunitat Valenciana y La Rioja) para que, a continuación, el Gobierno traslade la petición a Bruselas. Hasta ahora, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel han oficializado su apoyo a la Serranía Celtibérica. Responsables de la Diputación de Castelló que recibieron a los responsables del proyecto expresaron su apoyo a la idea. Lo mismo han hecho las diputaciones de Cuenca y Soria. Las conversaciones con la Diputación de Valencia están previstas para las próximas semanas.

También habló Concha Tormo, presidenta valenciana de las Agencias de Desarrollo Local, quien defendió que «el mundo rural es viable» y que «tiene unas infraestructuras que no pueden desperdiciarse».