Los rectores de las cinco universidades públicas valencianas dieron ayer un puñetazo en la mesa y, en un comunicado conjunto, reclamaron al Consell de Alberto Fabra la retirada del anteproyecto de ley de señas de identidad del pueblo valenciano. Una iniciativa que incluye la creación de un Observatorio de Señas de Identidad, encargado de vigilar el respeto a la pureza de los «rasgos propios», del que se ha excluido a la Acadèmia Valenciana de la Llengua de la misma Generalitat y al Consell Valencià de Cultura y en el que, por contra, se da entrada a la Real Academia de Cultura Valenciana y a Lo Rat Penal, entidades que postulan el secesionismo lingüístico. El anteproyecto liga el respeto al valenciano con la defensa de su «individualidad respecto a las demás lenguas del Estado» y su carácter «propio y exclusivo» de la C. Valenciana, y otorga al Observatorio la capacidad para retirar las subvenciones a entidades -entre ellas, la AVL- que no acaten esta directriz.
Con esta propuesta, el PP se ha lanzado, a siete meses de los comicios autonómicos de 2015 y con las sombrías perspectivas que auguran las encuestas, a la pesca de los menguados caladeros electorales del secesionismo lingüístico, al tiempo que arrincona a la Acadèmia, que se ha negado a modificar su «Diccionari Normatiu», que sitúa al valenciano en el mismo sistema lingüístico que el catalán. Una tesis que ya estaba contenida en el pacto lingüístico y en la ley de creación del ente normativo, votados por el PP. Ayer, la Conferencia de los Rectores de las Universidades Públicas Valencianas (CRUPV), que agrupa a sus cinco máximos responsables, advirtió que el anteproyecto de señas de identidad anunciado por el Ejecutivo «obvia todos los dictámenes científicos e, incluso, todas las sentencias judiciales que avalan la unidad de la lengua». Y es que el Consell perdió en el TSJ los litigios que entabló contra las universidades que en sus estatutos incluyeron la unidad lingüística. Así, hoy esas normas recogen tanto la denominación estatutaria de valenciano como «la académica, lengua catalana». Un fallo del Constitucional también avaló a los rectores.
Al mismo nivel que los «bous»
La CRUPV, prosigue el comunicado, «valora el espíritu de la ley de proteger las señas de identidad del pueblo valenciano y, sobre todo, la lengua, pero considera inadecuado situarla al mismo nivel que otros elementos tradicionales». El anteproyecto enumera genéricamente las que considera señas identitarias valencianas y acaba metiendo en el mismo saco desde la propia lengua a la gastronomía, las fiestas o los «bous al carrer».
Asimismo el máximo órgano de los campus valencianos «lamenta que no se cuente con órganos consultivos y estatutarios como la Acadèmia Valenciana de la Llengua o el Consell Valencià de Cultura», al tiempo que «considera que incluir a entidades que pregonan tesis no científicas en cuanto a la lengua promueve ?el desconcierto de la sociedad». Una referencia implícita a la RACV y a Lo Rat Penat. En ese sentido, la ley referencia el valenciano únicamente en función de su «configuración histórica, popular y tradicional», sin mención a las Normes de Castelló, que según asumió el PP en el pacto lingüístico de 1998 y votó en la ley de la AVL, es «el punto de partida» para la «normativización consolidada» del valenciano.
«Por lo que respeta a la posibilidad de vincular ayudas públicas en función de la asunción o no de una determinada concepción de identidad -continúa el comunicado-, los rectores valencianos consideran que es una práctica poco? ??recomendable»?.?
La Conferencia, que en febrero ya salió en defensa de la Acadèmia cuando el Consell quiso imponerle el cambio en la definición de valenciano, integra a los rectores de la Universitat de València, Esteban Morcillo; Alicante, Manuel Palomar; Politécnica de Valencia, Francisco Mora; Jaume I de Castelló, Vicent Climent; y Elx, Jesús Pastor. La iniciativa legal, diseñada para acorralar a la AVL, comportaría, aplicada a rajatabla, la pérdida de subvenciones de las universidades.
