El Gobierno de Alberto Fabra no solo dará plaza en el futuro Observatorio de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano a la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV), entidad que propugna el secesionismo lingüístico frente al conjunto de la romanística internacional y que aboga por la supresión de la oficial Acadèmia Valenciana de la Llengua, sino que le otorgará rango de «institución consultiva de la Administración de la Generalitat» en materia de patrimonio cultural. Con ello la situará al mismo nivel, en esta parcela, que las entidades ahora reconocidas como referentes de la Generalitat, entre ellas, el Consell Valencià de Cultura, las universidades o la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Con esta decisión, el Consell brindará un baño de oficialidad a la RACV, en un gesto más hacia sectores del secesionismo lingüístico que se habían alejado del PP en los últimos años y a los que se recurre ahora, cuando las encuestas auguran un mapa electoral tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015 que implicaría, después de veinte años, la pérdida de la Generalitat. El Consell también pondrá un sillón a Lo Rat Penat en el citado Observatorio, cuya misión será vigilar el respeto a la pureza de las señas de identidad y la defensa de la «individualidad» del valenciano «respecto a las otras lenguas del Estado» y su carácter «propio y exclusivo» de la C. Valenciana. Esto es, contra la unidad de la lengua. El Ejecutivo ha excluido de este órgano a la entidad que el Estatuto de Autonomía reconoce como única competente para determinar la normativa sobre el valenciano e incluso al también estatutario Consell Valencià de Cultura. No obstante, tras la censura de su presidente, Santiago Grisolía, el Gobierno de Fabra podría rectificar respecto al CVC.
El anteproyecto de ley de señas de identidad modifica, como el viernes pasado explicó el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, la ley de patrimonio cultural valenciano de 1998 para incluir, como bien inmaterial del patrimonio etnológico valenciano, los «festejos taurinos tradicionales» de la Comunitat. Pero no se limita ahí. Cambia también el artículo 7º de la citada norma con el fin de incluir a la RACV entre las instituciones consultivas de la Generalitat en materia de patrimonio cultural. Hasta ahora eran el Consell Valencià de Cultura, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, las universidades de la Comunitat Valenciana, el Consejo Asesor del Patrimonio Histórico Inmobiliario, el Consejo Asesor de Archivos, el Consejo de Bibliotecas y el Consejo Asesor de Arqueología y Paleontología.
El consejo del Plan del Cabanyal
La modificación no solo afecta a la RACV. Del listado también se cae el Consejo Asesor del Patrimonio Histórico Inmobiliario, que entró a través de la modificación de la ley de patrimonio acometida mediante la ley de 2010 para sacar adelante el Plan de Cabanyal, recurrido por el Gobierno. El Consell creó entonces este órgano, que debía informar de las declaración como Bien de Interés Cultural de los conjuntos históricos y sus modificaciones
La norma, contra la que se han levantado los cinco rectores de las universidades públicas valencianas por entender que obvia «todos los dictámenes científicos y todas las sentencias que avalan la unidad de la lengua», permitirá a la RACV y a Lo Rat Penat instar la retirada de subvenciones a entidades que asuman la unidad de la lengua, incluida la misma Acadèmia de la Generalitat.
