Tras lustros de convertir las Corts en un búnker donde cualquier petición ciudadana para hablar en las Corts caía en saco roto, el PP empieza a cambiar el paso. El síndic popular, Jorge Bellver, registró ayer una propuesta de reforma del reglamento de la Cámara para que los alcaldes y los representantes de colectivos sociales puedan comparecer y opinar sobre las iniciativas legislativas del Consell y la oposición. Estas audiencias se sustanciarán en una nueva comisión de Participación Ciudadana que celebrará sus reuniones sobre todo en enero y julio, vacaciones parlamentarias. Es la primera vez que por reglamento se dotan expresamente de contenido de trabajo estos dos meses que, unidos al de agosto, conformaban todo un trimestre de asueto parlamentario. Al mismo tiempo, el PP, acuciado por los malos augurios de las encuestas, abre la vía para que, a través de Internet, los ciudadanos puedan hacer aportaciones directas a las propuestas legislativas, una suerte de «Parlament Obert 24 horas, 365 días al año», acuñó Bellver.

«Por primera vez en la historia de las Corts y, me atrevería a decir, en la historia parlamentaria, los alcaldes tendrán voz y podrán ser escuchados» en la Cámara, enfatizó el popular, que señaló que se cumple una promesa del presidente Fabra. No solo eso, sino que dijo que la nueva comisión de Participación será «un espacio de encuentro, el contenedor del diálogo en primera persona entre la sociedad y sus representantes, un 'vis a vis' entre la sociedad y los políticos».

Según el texto, los alcaldes podrán comparecer para «ser oídos en aquellos temas de interés para sus municipios que sean competencia de la Generalitat». Para ello, los que deseen hablar sobre «algún asunto que pueda afectar a su municipio» se dirigirán a la mesa de la comisión que, tras el visto bueno de la Mesa de las Corts, pondrá la fecha. También podrán solicitar audiencia los «representantes legales de colectivos sociales y organizaciones acreditadas más importantes y representantes de corporaciones de derecho público, profesionales y expertos de reconocido prestigio» que se consideren interesados por iniciativas legislativas.

El PP entreabre las puertas de las Corts pero mantiene el control. Así, en las comparecencias de colectivos sociales, la mesa de la comisión (donde el PP tiene la mayoría) «valorará la oportunidad» de las peticiones. Las audiencias de los alcaldes podrán ser con presencia del Consell. Aunque la redacción no queda claro si el Ejecutivo podría pedir comparecer también junto con un edil (por ejemplo, para neutralizar una queja municipal), el PP aseguró que la decisión será del alcalde solicitante. En caso de que vaya un miembro del Consell, el edil hablará primero diez minutos y luego lo hará el Ejecutivo «sin límite». Enero y julio se fijan, sin carácter exclusivo, para los trabajos de la comisión (integrada por un diputado por grupo), pero nada se dice de celebrar plenos en esos meses. Que haya o no, seguirá dependiendo de la mayoría.

Hay temas vedados. Los colectivos sociales no podrán opinar sobre las reformas del Estatuto ni los presupuestos y tampoco sobre las iniciativas que afecten al Título I y III del Estatuto (símbolos, denominación, lengua u organización de la Generalitat), ni tampoco las de naturaleza tributaria y presupuestaria ni las «referidas a la planificación general de la actividad económica».