Interpol Argentina ha pedido a España la detención preventiva de Benjamín Solsona, el ex inspector de la brigada político-social de Valencia en busca y captura por un juzgado de Argentina por las presuntas torturas a dos jóvenes miembros del Partido Comunista en 1971. Además de a Solsona, la policía internacional ha pedido el arresto de otros 19 acusados por crímenes del franquismo, como los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Interpol España ha frenado esta solicitud.
Parece ser que España no hará mucho caso a estas órdenes de arresto, como declaró ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien vaticinó que la Audiencia Nacional denegará la extradición a Argentina, como ya pasara en el caso del exinspector Juan Antonio González Pacheco, «Billy el Niño», y al ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, «capitán Muñecas».
Catalá aseguró que la Ley de Amnistía, «aprobada por unanimidad en 1977», no permite la extradición y que los delitos estarían prescritos.
Interpol España alegó ayer ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución de 2010 de este organismo que le permite no detener a la veintena de personas reclamadas. A las pocas horas, la sede general de Interpol aceptó la reclamación de la oficina española y no ha aplicado el distintivo rojo que afecta a la situación de personas buscadas internacionalmente con una orden de arresto.
En caso de que Interpol España no hubiera frenado este arresto tendría que haber actuado en menos de 24 horas y puesto a disposición de la Audiencia Nacional a los veinte imputados.
Una vez allí, la Audiencia Nacional podría ordenar la prisión provisional, su libertad o medidas cautelares, como visitas periódicas a un juzgado, retirada del pasaporte o prestación de fianza, entre otras, y comunicaría su decisión al juzgado argentino, que puede solicitar la extradición en el plazo que determine.
En el caso del exinspector Solsona la juez argentina María Servini le acusa de haber «participado en las torturas infligidas a Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yáñez» en Valencia. Según el auto de 300 páginas emitido por la magistrada, los hechos se remontan al 23 de abril de 1971, durante el Estado de Excepción. López Hernando y Camarasa fueron detenidos y acusados de pertenencia a asociación ilícita (el Partido Comunista) y posesión de propaganda ilegal. Pasaron 19 días incomunicados en comisaria.
«Inmersiones en agua y patadas»
López Hernando denunció «golpes en la cabeza y el cuerpo, patadas, empujones y amenazas hacia él y su familia». Camarasa, por su parte, fue detenido en su domicilio familiar y sufrió «golpes en los pies, la cabeza y el cuerpo, inmersiones en el agua, patadas en los cojones y amenazas» a él y su familia, según su testimonio.
Tras los días en comisaría fueron enviados a la cárcel Modelo de Valencia del 11 de mayo al 6 de julio del mismo 1971. Fueron acusados de oposición a la dictadura.
La juez advierte de que los hechos imputados a Solsona «resultan sancionables con las penas de ocho a 25 años de prisión fijada para los responsables de delitos de tortura».
La investigación de la juez argentina contra Solsona nació de la querella y los testimonios de estos dos torturados, aunque se han presentado otras dos denuncias similares por represaliados valencianos, la última el mes pasado, para que se incorporara a la causa general que investiga Argentina.
