La Fórmula 1 no es tan sólo un escándalo más que hereda el Consell de Alberto Fabra de la etapa Camps. El rescate público de Valmor, la empresa privada que se encargó de la gestión y organización del Gran Premio de Europa, acordada por el Ejecutivo valenciano el 9 de diciembre de 2011 podría acabar poniendo en problemas al jefe del Consell y su primer equipo de consellers. La fiscalía que investiga la compra de Valmor por la Generalitat ha solicitado el expediente completo en virtud del cual el Ejecutivo autorizó en la citada fecha la adquisición de Valmor Sports. La Fiscalía especifica que la documentación debe incluir los informes previos al acuerdo, así como toda la documentación remitida por el Circuito del Motor y Promoción Deportiva. Además, se solicita el acta del Consell.
La petición de documentación es consecuencia de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción el pasado abril como consecuencia de la denuncia presentada por el PSPV, que señaló a los consellers del Gobierno valenciano que avalaron la compra de Valmor. Para el PSPV, el Consell pudo cometer un un delito de malversación de caudales públicos «por utilizar el dinero de los valencianos para aprobar la compra de una sociedad en quiebra». Valmor, propiedad del ex piloto de Alzira Jorge Martínez Aspar, el empresario Fernando Roig y Bancaja Participaciones, arrastraba en ese momento una deuda superior a 34 millones de euros. El Consell justificó la operación en que Valmor no podía asumir la organización de la prueba, por lo que tenía que elegir entre comprar la firma por un euro o afrontar la penalización por no cumplir el acuerdo con Ecclestone. Sin embargo, el PSPV discute este argumento y arguye el contrato de prórroga de celebración de las pruebas de Fórmula 1 en Valencia que firmó Camps con el magnate el día antes de dimitir. Según el PSPV el citado documento que hizo llegar al fiscal demuestra que «no era necesario comprar» esta sociedad para continuar organizando el Gran Premio de Europa en el circuito urbano de Valencia. Este contrato, siembre según el PSPV, situaba a la Generalitat como copromotora del premio de Fórmula 1. En su condición jurídica de garante y avalista podía ejercitar sus derechos sobre la organización de la prueba automovilística.
Los socialistas ponían el foco en la exsecretaria autonómica de Comunicación, Lola Johnson, que en aquel momento era portavoz del Consell y presidenta de la empresa pública Circuit del Motor. De hecho, el acta con la propuesta del acuerdo del Consell a la que ha tenido acceso este diario va firmada por Johnson como consellera de Turismo. También aparece la firma de Paula Sánchez de León que en ese momento era vicepresidenta y secretaria del Consell. Tres semanas después De León dejaba el Consell para hacerse cargo de la Delegación de Gobierno, dando pie a la primera crisis de Gobierno de la etapa Fabra.
El acuerdo que el Consell adoptó en su condición de Junta General de Accionistas de la mercantil Circuito del Motor tuvo lugar por unanimidad y sin ninguna «intervención cuya constancia se solicite». El acuerdo se basa, según consta en el documento, en el informe sobre el análisis de la organización del Gran Premio y sus propuestas de reorganización elaborado por la entidad Sociedad Proyectos Temáticos y «teniendo en consideración, en especial, los informes del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas sobre e impacto económico del evento». En base a esto «el socio único de Circuito de Motor decide adquirir la totalidad de las participaciones sociales en que se divide el capital social de la actual copromotora de dicho evento deportivo, Valmor Sports, SL, en las siguientes condiciones, para a continuación absorber ésta». No existe mención alguna a informes jurídicos que avalaran o desaconsejaran la operación. El PSPV mantiene que existe un informe en contra de la Abogacía Genera.
Desde que el PSPV presentó la denuncia, Anticorrupción ha solicitado numerosa documentación al Consell. Así, entre otros papeles, tiene en su poder todos los contratos de Circuit de Motor relacionados con la prueba de F1, así como todos los expedientes de contratación realizados para la organización de la prueba. También se solicitaron todas las actas de los consejos de administración, así como el contrato suscrito con Valmor en 2008. La Fiscalía se interesa también por todos los contratos que firmó la firma privada, así como toda su contabilidad. Las pesquisas incluyen todos los pagos a las firmas de Ecclestone desde Valmor o la Generalitat.
