Aunque el Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema financiero (16/2012), que supuso la exclusión de la red pública sanitaria de las personas en situación irregular, dejaba bien claro que los menores tenían asegurada la atención sanitaria, el día a día ha demostrado lo contrario: que ese principio de asistencia universal se incumple en la C. Valenciana.

Así lo acredita el noveno informe del Observatorio del Derecho a la Salud de la C. Valenciana (Odusalud) que da a conocer que desde que se constituyó la entidad se tiene noticia de al menos 94 casos de menores que no han recibido la asistencia que su situación requería en centros sanitarios públicos.

El informe que avalan las 70 entidades que forman parte de Odusalud indica que de mayo a noviembre de este año se han registrado 21 incidencias de menores que han sido excluidos del sistema sanitario.

En dos años, el Observatorio ha recogido 1.004 historias de proscritos de la sanidad, más de la mitad (el 55 %), mujeres.

El documento indica que el 64 % de los casos afectan a personas en situación de irregularidad documental. Otro 10 % de los afectados tiene permiso de residencia o de residencia y trabajo y un 5 % lo protagonizan ciudadanos de nacionalidad española.

El grupo más numeroso de excluidos es de origen latinoamericano (34 %), seguido de ciudadanos comunitarios (23 %), fundamentalmente de Rumania, mientras que el tercer grupo es de origen subsahariano (15 %).

Más de la mitad de los casos refieren que el paciente no pudo tener acceso a la atención médica. Las entidades han señalado que en los últimos meses se ha detectado un endurecimiento de los requisitos para recibir asistencia, como es la hoja de facturación que se les obliga a firmar antes de entrar en la consulta tanto de los centros de salud como de los hospitales. Uno de cada cinco afectados ha confesado que no tiene recurso para pagarse los medicamentos que el médico le ha prescrito.

Alicante ha registrado un 44 % de los casos; Valencia, un 37 % y Castelló, un 5 %.

Una de cada cuatro situaciones de exclusión sanitaria se produce en los hospitales o en los servicios de urgencia, en contra de lo que indica la propia norma legal que garantiza que la atención urgente será gratuita para todo el que la necesite, independientemente de si su documentación está en regla o si su situación es irregular.