El Síndic de Greuges investigará la «rebeldía» de la consellera de Territorio, Isabel Bonig, a la hora de tramitar las solicitudes de ayudas a los préstamos para comprar viviendas de protección oficial (VPO), que paga el Ministerio de Fomento. La alta institución admite a trámite la denuncia de la Plataforma de afectados por los impagos de las ayudas a la vivienda que ya acusó a la Generalitat de ser, junto a Andalucía, las dos únicas comunidades que se niegan a facilitar los trámites a los beneficiarios que perdieron estas ayudas, por decisión de Fomento, a pesar de que tenían derecho a percibirlas o prorrogarlas.
El Ministerio de Fomento (de quien dependen los planes de vivienda) eliminó la posibilidad de recibir ayudas a los préstamos para comprar una VPO con carácter retroactivo, en dos leyes aprobadas en 2012 y 2013, por lo que muchas personas que debían renovar este tipo de ayudas, o ya las habían solicitado, se les ha denegado de forma sistemática desde hace dos años. Sin embargo, tras varias recomendaciones de la Defensora del Pueblo y sus homólogos autonómicos para que reformularan su postur, y varias sentencias que daban la razón a los afectados, hicieron que la ministra de Fomento rectificara el pasado verano y admitiera que eliminaría la retroactividad y pagaría todas las subsidiaciones (las ayudas a los préstamos) acogidas a los planes estatales de vivienda anteriores al Plan de Vivienda 2009-2012.
Instrucciones a la Abogacía de la GV
A pesar de que Fomento ha dado marcha atrás, en la Comunitat Valenciana es la Conselleria de Territorio quien se niega ahora a «revocar las ayudas denegadas e, incluso, ha dado instrucciones a los Abogados de la Generalitat para que muestren su negativa cuando los afectados recurren ante los tribunales. Se han puesto al margen de la ley», criticaba la semana pasada en Valencia Ángel de Sancha, portavoz de la Coordinadora nacional de Plataformas de afectados subsidiación VPO.
Desde la plataforma de afectados de la Comunitat Valenciana denuncian «la inoperancia de la Generalitat que provoca que los afectados tengan que seguir recurriendo a la vía judicial, por lo que tienen que asumir elevados costes para recuperar el derecho a la subsidiación». En estos pleitos los abogados de la Generalitat «siguen defendiendo los antiguos criterios» con los que Fomento denegaba las ayudas con carácter retroactivo, a pesar de que muchos de los afectados, si cumplen los requisitos, por lo que tenían asegurada la subsidiación al préstamo durante un máximo de diez años.
«Pero la consellera Bonig sigue bloqueando deliberadamente el reconocimiento de las ayudas, aunque las pague el Ministerio de Fomento y no la Generalitat Valenciana», lamentan desde la Plataforma de afectados por los impagos de las ayudas a la vivienda.
«El retraso en el pago de la subsidiación está provocando el sufrimiento de miles de familias valencianas, que se ven abocadas a reclamar su derecho por vía judicial, de forma muy costosa, lo que en esta época de crisis tiene un importante impacto», concluyen los afectados.
