Con su denuncia por la onerosa compra de Valmor (la gestora de la Fórmula 1), que podría acabar salpicando al actual Consell, y el miércoles de la semana pasada, contra cinco consellers, por la negativa a entregar determinada documentación pese a las condenas del TSJ, Esquerra Unida ha pisado un callo. Y ayer el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pasó al contraataque. El jefe del Consell arremetió en las Corts con extrema dureza contra EU, a la que reprochó el no haberse «dignado» a recoger el 45,5 % de las solicitudes de documentación que el Ejecutivo ha puesto a su disposición, lo que ha supuesto un coste para la Administración «en esfuerzo de los funcionarios» de 357.000 euros «tirados a la basura». Posteriormente, el síndic del PP, Jorge Bellver, precisó que se ha calculado este importe teniendo en cuenta el coste de 2.800 horas de trabajo de los funcionarios.

127 euros la hora de funcionario

Una simple división, sin embargo, implica que cada hora de funcionario sale a 127,5 euros. El síndic de EU, Ignacio Blanco preguntó a Fabra en la sesión de control si le «molesta» que su partido lleve a los tribunales los casos de corrupción y «persiga a los ladrones que, como dice [Alfonso] Rus, muchos son del PP». El presidente le replicó que lo que le molesta es que EU «no tenga programa» y «su única preocupación sea tirar al PP», y lo inquirió sobre si sabía «cuando cuesta el posado que se hizo delante del 'photocall' en el TSJ». Según dijo, de las 405 solicitudes de documentación de EU, «hay 179 expedientes que no han ido ni a recoger». Fabra detalló que Marina Albiol se fue de las Corts sin recoger 42 expedientes de Infraestructuras, entre ellos, sobre prospecciones petrolíferas o el accidente del metro; Lluís Torró tiene pendientes papeles desde 2009; Blanco «tiene esperando año y medio documentos de Nóos, Vaersa, Ivvsa o informes de la Abogacía»; y Esther López, las facturas del Palau de Les Arts. En concreto, los viajes de la intendente, Helga Schmidt.

Blanco acusó al presidente de «mentir» con los datos, ya que solo él ha presentado más de 700 peticiones de documentación y la propia López mostró desde el escaño numerosas carpetas que, dijo, son los papeles de Schmidt que sí ha recogido. Fuentes del Ejecutivo explicaron después que, como la diputada se negó en su día a firmar un escrito certificando los papeles que se llevaba, «para la Administración no consta que se los haya llevado».

«La corrupción no se combate en abstracto sino luchando contra los corruptos», proclamó Blanco, quien reivindicó que su grupo de 5 diputados, fruto de esa labor de recabar papeles del Consell, ha desvelado contratos con Calatrava, de la Fórmula 1, las actividades del ya exgerente del Hospital General (Sergio Blasco), «la mafia en las residencias de Cotino» y la compra de Valmor, y quien ha llevado al juzgado «documentación que avala el saqueo de RTVV». «¿Cuánto cuestan los recursos del Consell contra las sentencias que pierde?», inquirió Torró.