Al mastodóntico tanatorio audiovisual que se instaló a la orilla de la Autovía de Ademuz, a la altura de Burjassot, a las 12.19 horas del 29 de noviembre de 2013 siguen acudiendo a diario o están dados de alta cuatro tipos de trabajadores. Los que tienen la misión de velar porque el entierro se haga cumpliendo la ley (miembros del comité de empresa, delegados sindicales y personal del departamento jurídico), los que velan por cuidar los órganos aprovechables del muerto (los 23 documentalistas y técnicos de la red de distribución de la señal, que serán repescados por la Generalitat) y los que sacan las cuentas del sepelio (administrativos y del departamento económico). La cuarta categoría la constituyen los encargados de que el vivo tenga mucha vida social. Estos últimos „los de «marketing» y comunicación„ han perdido su razón de ser, aunque media docena siguen allí. En total quedan 120 empleados. Hasta ahora.

Los tres liquidadores de RTVV han trasladado a los sindicatos el «despido inmediato» de hasta 36 empleados. En el mejor escenario para los empleados, serán 23 los despedidos. La lista de los afectados no está hecha, pero sí los criterios que se aplicarán. Los mismos que en su momento marcaron la salida escalonada del personal, aunque habrá «casos especiales» cuando se trate de personal con labores muy específicas. El listado se hará efectivo en los próximos días. La empresa ha desglosado, con todo, el número aproximado de afectados por departamentos. Entre 5 y 7 del económico, de 2 a 4 del jurídico o de 3 a 5 del área de comunicación. Los representantes sindicales no se libran de la quema. Entre 7 y 11 miembros del comité de empresa y delegados sindicales deberán dejar su puesto. RTVV ha ofrecido a los sindicatos la opción de hacer una propuesta de afectados. En caso contrario, será la empresa la que decidirá quién acaba en la calle.

Un año después del apagón, ejecutado por la policía por orden del Gobierno de Alberto Fabra, el Consell lleva ya gastados 220 millones de euros, según el PSPV, sin haber conseguido siquiera liquidar ninguna de las dos sociedades públicas: RTVV y RTVV SAU. En el primer caso, los bancos alemanes se resisten a aceptar que la deuda se subroge al Consell. La cifra de gasto resulta de sumar las indemnizaciones salariales por los dos ERE „35 millones del primero y 86 por el de extinción„, más las nóminas de los meses de inactividad tras el cierre (otros 35 millones), otros 1,6 millones por la asesoría jurídica externa de los dos expedientes, más los gastos de mantenimiento y seguridad de las instalaciones y otros 60 millones de coste de la devaluación patrimonial. Sin contar 24,2 millones que costará en 2015 solamente mantener en funcionamiento las dos sociedades, al margen del dinero que dedicarán al pago de la deuda. En los 12 meses transcurridos se han ido acumulando más de 2.000 demandas laborales y civiles, presentadas por medio centenar de productoras y contratistas afectadas por un apagón que dejó en la calle a 1.600 trabajadores. A toda la plantilla salvo a 30, los 23 documentalistas y 7 técnicos de la red de repetidores.

En este tiempo, 20 promotores y 70 partidos, sindicatos y organizaciones sociales han impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por una radiotelevisión pública que ha sido avalada por 88.686 valencianos. El presidente Alberto Fabra vio en la ILP la percha de la que colgar un pronunciamiento por la reapertura „disposición a negociar„ en caso de que la economía «lo permita», no haya déficit ni vaya en detrimento de la sanidad y la educación, dijo. Fabra ha intentado montar una nueva televisión pública, pero jurídicamente ha sido alertado del fraude de ley en el que incurriría. El presidente de la diputación, Alfonso Rus, cogió el testigo y abrirá el 1 de enero La Dipu TV, televisión pagada con dinero público. 3,2 millones. El penúltimo proyecto del líder provincial del PP de intentar retener la diputación con una televisión a la medida. Un plan B surgido de la inviabilidad del plan A de Fabra, como contó este diario y admitió Rus, pero que ha acabado por enfrentar a los vecinos de la Plaça de Manises.