En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra hoy, la tarta de cumpleaños llega en forma de copago para los usuarios de centros de día o residencias de mayores y discapacitados. Como una «ironía de mal gusto», como lo califica el sector, será coincidiendo con esta efeméride reivindicativa cuando las Corts incorporen el copago al proyecto de ley de acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2015 a través de una enmienda del PP. La comisión de Economía, a partir de las 10.30 horas, debate las enmiendas y tiene previsto aprobar el dictamen preceptivo que deje listo el polémico copago para su discusión definitiva en el pleno de la cámara autonómica a partir del 16 de diciembre.

El objetivo del Consell es que entre en vigor el 1 de enero, regulando la aportación de los discapacitados como tasa con rango de ley y no como precio público con rango de decreto. Se busca así contrarrestar la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de anular el decreto del Consell que establecía el copago para centros de mayores y discapacitados.

Según los datos del Consell, de los 8.800 usuarios de plazas de atención a la discapacidad financiadas por la Generalitat, 4.000 están exentos de realizar aportación alguna al coste del servicio. Los 4.800 discapacitados restantes son los que han de asumir el pago. De ellos, 3.850 discapacitados dependientes ya estaban abonando su aportación. Los usuarios que asumían el copago desde 2014 eran los 950 discapacitados no dependientes. La aportación va de 50 a 500 euros mensuales con 14 pagas.

Joan Planells, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), denunció ayer que semejante coincidencia es una «ironía» que refleja el ánimo del Consell hacia el sector de la discapacidad con esta medida. «Es un copago confiscatorio y cruel, que no tiene en cuenta otros pagos que ya soportan las personas con discapacidad (medicamentos, prótesis, etc.) y las condenan a la pobreza», advierte Planells. A este respecto, subraya un aspecto. Con este copago, la Generalitat «asimila al joven discapacitado con la persona de la tercera edad, cuando la diferencia es muy grande: unos tienen un proyecto de vida por delante y los otros tienen un proyecto de memoria. Las necesidades de ambos colectivos no son las mismas».

Después de una batalla judicial contra el decreto tumbado por el TSJ, el Cermi critica la reacción del Consell con la enmienda que hoy tratan las Corts. «Van a blindar el copago contra las personas con discapacidad que quieran recurrirlo, porque a partir de ahora sólo podrá haber un recurso al Tribunal Constitucional que únicamente pueden hacer 50 diputados o senadores de las Cortes Generales».

Frente al «rodillo del PP», Planells muestra un último intento de acuerdo con la Administración: «Yo no digo que no tenga que haber un copago. Pero se podía haber negociado un copago humano, razonable y que permita a la persona vivir con dignidad». Y lanza un último pulso a Fabra: «Si para él lo primero son las personas, como dice, ahora tendría que demostrarlo».