El Síndic de Greuges, José Cholbi, vino a hacer ayer en las Corts una enmienda a la totalidad de la política social del Consell, donde la palabra «recorte» está prohibida. Lejos de componendas, y aunque también dijo entender las actuales «limitaciones» económicas de las administraciones, habló sin ambages de los «recortes sociales» que están llevando a colectivos y personas a situaciones «superdramáticas» y clamó para que éstos «no se permitan ni se produzcan», algo que sería «triste y lamentable, por no decir que podrían llegar a ser injustos». «Nos llegan situaciones que nos conmueven el corazón y la conciencia y hay momentos que dan ganas de llorar de rabia al no poder solucionar lo que tan justamente piden personas y colectivos», aseveró Cholbi, quien compareció en la comisión de Peticiones para informar sobre su memoria referida a 2013. La agenda parlamentaria quiso que mientras el Defensor del Pueblo valenciano cuestionaba el copago a dependientes, mayores y discapacitados, a escasos quince metros, en otra sala, el PP reinstauraba el copago social, pese a las dos sentencias en contra, mediante una enmienda a los presupuestos de 2015.

Cholbi respondió que, aunque la aprobación del copago es «una decisión» de las Corts, no parará que reclamar «que se tengan en cuentan, caso a caso, las circunstancias personales y específica» de cada persona para que «ninguna se quede sin recibir la ayuda o prestación que necesita» porque «no se puede tratar a todo el colectivo por igual». La oposición lo inquirió también sobre un problema que admitió el propio Síndic: El incumplimiento de resoluciones aceptadas por el Ejecutivo —la mayoría de Bienestar Social— pero que luego no cumple. Al respecto, desveló que va a pedir una reunión con la consellera Asunción Sánchez Zaplana para «subsanar deficiencias» (como los retrasos en ayudas y reconocimiento de situaciones de dependencia) y verificar si el anuncio de más recursos (el presupuesto de Bienestar Social subirá un 19 %) evitará «situaciones dramáticas». De la cita se ocupará, dijo, el Adjunto primero al Síndic, el exvicepresidente socialista de las Corts Ángel Luna, designado coordinador del área sociosanitaria.

El Síndic, proclamó, «no valora las resoluciones judiciales, las acata», pero «hará todo lo necesario para que ninguna persona discapacitada se quede sin la ayuda o prestación que necesita». Eso sí, dijo «confiar» en que cuando la economía mejore, el Consell redoble los esfuerzos para superar las «insuficiencias». Sobre el copago a los mayores en residencias, que al computar las 14 pagas (y no solo 12, como hasta ahora) en el cálculo de la capacidad económica, «ha eliminado la posibilidad de un mínimo ahorro», garantizó que seguirá reclamando que los mayores gocen de «recursos necesarios para que tengan una vida digna y no sean una carga para las familias». «En 2013 se adoptaron medidas, tanto por la Administración estatal como autonómica, que han afectado muy negativamente la situación de las personas con discapacidad y el cumplimiento de derechos reconocidos en la normativa internacional, nacional y autonómica», llegó a afirmar, para criticar la supresión de la gratuidad de las medicinas a los discapacitados o el copago farmacéutico a los mayores. También recriminó la «enorme reducción» de las prestaciones a cuidadores, las revisiones a la baja de los grados de discapacidad, el impago de las ayudas con carácter retroactivo o la «involución» del derecho a la vivienda, reprochando al Consell el «retraso» en el abono de las subvenciones.

«El mapa de la pobreza»

También anunció que abrirá una queja para investigar la violencia contra las personas gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, no solo en el ámbito escolar, sino en la sociedad. Y añadió que, «aunque las Corts han rechazado una iniciativa legislativa» al respecto, seguirá trabajando para asegurar la protección de estas personas. «Más claro agua», recalcó. También indicó que «no se cansa» de recomendar que se supriman «los barracones» escolares, «instalaciones inadecuadas para educar a los niños».

Para la diputada socialista Clara Tirado, la de Cholbi fue la «memoria escrita del mapa de la pobreza» de la Comunitat «consecuencia de las políticas del PP». Una memoria que, como recordó ayer el Síndic, refleja el aumento en 2013 del 31 % en las quejas, motivado por la crisis, al pasar de 14.585 a 19.134. El Consell, «con la excusa de la crisis, se ha cebado a los más vulnerables», dijo Tirado. Fran Ferri, de Compromís subrayó que el 60,6% son de las áreas de Bienestar Social, Educación y Sanidad, lo que demuestra que el Consell «está fallando en las áreas más vulnerables». Y Esther López, de EU, criticó que el PP vuelva a aplicar su mayoría para aprobar otra vez un «repago inmoral». Juan de Dios Navarro (PP) admitió que ha podido haber «algún fallo» pero defendió el aumento de fondos para Bienestar Social y erradicar las aulas prefabricadas.