La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo creado a instancias de la Unión Europea para vigilar el déficit en España y adscrito al Ministerio de Hacienda, rectificó ayer el informe referido a la C. Valenciana que hizo público el 5 de diciembre para admitir que la Generalitat sí tiene base legal para incluir en los presupuestos de 2015 el anticipo de 1.178 millones del Fondo de Competitividad que debería cobrarse en 2017 y que el Ejecutivo autonómico reflejó en el proyecto económico para cuadrar las cuentas. El documento inicial fue un duro golpe para el conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, al dejar en entredicho las cuentas del próximo año. La Generalitat se dirigió a la AIReF para rebatir la tesis del organismo independiente y finalmente éste ha aceptado matizar su informe. La conclusión es que el Consell sí tiene base legal para presupuestar esos 1.178 millones, toda vez que, aunque no están reflejados en los Presupuestos Generales del Estado, tiene todo el próximo año para, vía negociación, lograr ese reconocimiento. Cuestión aparte es que la AIReF deja patente el «elevado riesgo» de desviación del objetivo del déficit que supone su inclusión, precisamente por la falta de compromiso del Estado.
A diferencia del Fondo de Competividad, la Autoridad Fiscal recalca también que la Generalitat carece de base legal y fundamento para reclamar los 1.000 millones del Fondo de Nivelación referidos a 2014 que reivindicó el presidente, Alberto Fabra, como compensación al no haberse modificado el sistema de financiación. Y ello porque, a estas alturas del año, no ha logrado el compromiso del Estado.
Fuentes de la AIReF indicaron que no ha habido cambio de posición del organismo, sino que se han aclarado algunos extremos del informe inicial. En el documento del 5 de diciembre, la entidad señalaba al inicio que el Consell había incluido fondos del Estado para los que «no existe constancia expresa ni fundamento legal que justifiquen la recepción de estos ingresos». Y, al aludir al anticipo del Fondo de Competitividad incluido en los presupuestos de 2015, señalaba que la Generalitat «entiende» que puede percibirlo «en aplicación del artículo 64 de la ley 22/2009», de Estabilidad Presupuestaria. «El anticipo no está previsto en los Presupuestos del Estado», apuntaba, para añadir: «Circunstancia que exige el citado artículo». Un inciso que remitía a la ausencia de base legal para reclamarlo. En el nuevo documento se refiere que el Consell ha computado ese adelanto «tomando como base el artículo 64 de la ley 22/2009». «Este anticipo no está previsto en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado», añade, eliminando el citado inciso.
La misma posición con Cataluña
Asimismo, en la exposición inicial, deja claro que se cuestionan ingresos procedentes del Estado para los que no existe constancia ni base legal «que justifique su percepción en 2014». De este modo, acota que para lo que no hay base legal es para el Fondo de Nivelación de 2014, dejando al margen el de Competitividad. La misma redacción se ha trasladado al informe sobre Cataluña, la única que, como la valenciana, incluyó el anticipo del Fondo de Competitividad de 2015 para cuadrar sus cuentas, si bien ahí no ponía reparos legales porque Cataluña no lo pide para 2014.
El documento final evidencia el desconcierto de la Generalitat a la hora de reclamar estos fondos extra con los que cuadrar sus números. El informe inicial aludía a que el Consell reclamaba también el adelanto del Fondo de Competividad de 2014 que debería cobrarse en 2016, otros mil millones. El texto revisado habla de que lo que se pide es un Fondo de Nivelación para 2014. La explicación es que la Generalitat modificó el concepto por el que solicitaba esta inyección extra en 2014. En el Plan de Ajuste aludía al Fondo de Nivelación, pero en el cuestionario remitido a la AIReF señalaba que en realidad se trataba del Fondo de Competitividad referido a 2014. En la actualización del Plan de Ajuste ha vuelto a hablar de Fondo de Nivelación. En la práctica, se da por perdida esta reivindicación y se pone el acento en el Fondo de Competitividad para 2015.
La matización legal para solicitar este adelanto no obsta para que el organismo independiente alerte de los «riesgos de incumplimiento» del tope de déficit en los presupuestos de 2015. Así, frente a los 710 millones de desfase previsto en las cuentas (el 0,7 % del PIB), la AIReF lo eleva hasta 2.130 millones, al añadir al déficit contemplado los 1.178 del Fondo de Competividad y 201 del impuesto a la banca para cuya regulación el Consell llegó, sostiene, tarde.
