Expedientado por el PPCV y ensalzado por el grupo de las Corts. La paradoja se dio ayer en torno al ex secretario general y diputado, Ricardo Costa, y es el peaje que tendrán que pagar los populares por la renuncia al escaño pactada por Costa con el partido a lo largo del mes de enero. El Comité de Derechos y Garantías del PPCV abrió el lunes expediente informativo a Costa por su procesamiento „junto a otras 18 personas y a la también diputada Yolanda García„ en la pieza Gürtel sobre la presunta financiación ilegal de los populares en las campañas de 2007 y 2008. Sin embargo, el popular intervino la tarde del martes como portavoz del área de Economía en el debate sobre los Presupuestos de la Generalitat y, además, es el ponente del PP en la ley de Hacienda que se discutirá mañana y tras cuya aprobación, en enero, dejará el acta. El síndic popular, Jorge Bellver, sudó ayer tinta para justificar, a preguntas de los periodistas, por qué un procesado y expedientado será la voz del partido en una ley clave. «Si no creyésemos que sea el mejor ponente no estará ahí», manifestó.

Bellver argumentó que con Costa se ha aplicado la «línea roja» del presidente Fabra, toda vez que ya «dejó de tener responsabilidades en el consejo de dirección del grupo». «Lo que se dijo, y se ha reiterado, es que la línea roja en el grupo parlamentario es que [cuando un cargo es imputado] no se tienen cargos de responsabilidad en el comité de dirección», insistió. La portavocía en una ley o del área de Economía quedaría al margen. Los periodistas lo inquirieron sobre si cree que la ciudadanía entenderá que una persona procesada y expedientada por su propio partido le represente en el hemiciclo, a lo que respondió: «Efectivamente, sí». «Costa es un magnífico conocedor de los presupuestos y ha trabajado las enmiendas con la oposición. Lo que la sociedad debe exigir al PP es que actúe con rigor y criterio en base a sus normas», afirmó. Los populares se resisten a imponer ahora a Costa una «línea roja» más estricta, cuando lo que se ha aplicado hasta la fecha es que la renuncia al escaño no se exigía hasta el auto de apertura de juicio y señalamiento de la fecha.

Sin embargo, asumen que, tras la alarma social generada por la operación Púnica, la percepción social y mediática de los procesos judiciales ha cambiado. Incluso en Madrid. Fabra, al que le llovieron críticas hasta de la dirección nacional por su «línea roja», ve cómo la propia Génova ha aplicado medidas incluso más estrictas para los encausados. Al mismo tiempo, algunos afectados de Gürtel, críticos con esa «línea roja» al entender que no se respetaba la presunción de inocencia, ahora la invocan para rechazar la renuncia ya al escaño. Es la situación, según fuentes próximas, de Yolanda García, que descarta marcharse en tanto no se señale el juicio.

Por eso los populares se ven abocados a negociar con los afectados para se vayan voluntariamente. Ayer, preguntado sobre si el PP «negocia» la salida de Yolanda García, Bellver contestó: «No duden de que el PP trabaja para conseguir el objetivo que planteó Fabra en su momento de que pronto no haya diputados imputados por asuntos relacionados con la corrupción». Sobre el expediente informativo, defendió que el Comité de Derechos y Garantías del PP actúa con «normalidad, naturalidad, y con rigor».

En privado, sin embargo, los populares no ocultan que la decisión se anunció la tarde del martes mediante un comunicado para ofrecer por parte del PP una respuesta política ante la situación y también para meter presión a los afectados. No en balde, se recordaba que también con Milagrosa Martínez, aunque en otro momento procesal, se anunció el expediente para forzar su renuncia al escaño.

«Un pitorreo, una burla»

Por su parte, la oposición salió en tromba para criticar que el expediente a Costa y García es «un pitorreo, una burla», ya que no se les aparta de las Corts. Antonio Torres (PSPV) señaló que al PP no le hace falta ningún expediente «para saber si se ha financiado ilegalmente»; Mònica Oltra (Compromís) lo vio «una burla a los ciudadanos»; e Ignacio Blanco (EU) dijo que el de Costa es un «Expediente X».