El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que engloba a más de 7.000 entidades de toda España, focalizó ayer todos los problemas del Estado de Bienestar en la Comunitat Valenciana. Su presidente estatal, Luis Cayo, aseguró que el Consell «hostiga» a los discapacitados y dependientes y que el territorio «está en estado de alarma, sino de excepción» en las políticas sociales. El presidente autonómico del comité, Joan Planells, anunció que van a promover un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat que convierte el copago valenciano en tasa para cumplir un sentencia del Tribunal Superior de Justicia que lo anuló hace unas semanas.

El presidente del Cermi estatal cargó contra la Conselleria de Bienestar Social y el Gobierno de Alberto Fabra y manifestó que la Comunitat Valenciana vive una «situación excepcional» y que «está muy cerca del estado de excepción en términos sociales». «Desde una perspectiva estatal podemos decir que la Comunitat Valenciana es la peor de todas en políticas públicas de discapacidad. No sólo no se ha avanzado, sino que me diga la Generalitat qué ley que haya ayudado al cambio social ha aprobado en los últimos cinco años», denunció.

Desde el Cermi anunciaron que ya está buscando el apoyo de 50 diputados o senadores para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Acompañamiento de 2015 que regula el copago como tasa. Planells aseguró que el Consell ha aprobado este copago «a sabiendas de que la Generalitat no tiene competencias» y citó las dos sentencias publicadas ayer por Levante-EMV en las que el TSJ concluye que es el Gobierno central el competente para regular el copago en materia de prestaciones sociales. Planells dejó entrever que la oposición en el Congreso apoyará su medida y presentará el recurso ante el Tribunal Constitucional. También acudirán al Defensor del Pueblo.

Pero esta no será la única medida contra el actual copago en la Generalitat y España. El Cermi estatal va a iniciar la recogida de 500.000 firmas para que el Congreso impulse una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Estado regule las aportaciones de dependientes, discapacitados y mayores y no sea cada comunidad autónoma la que lo aplique según su conveniencia.

El texto de la ILP contempla el copago por servicio pero «exclusivamente» por la capacidad económica del usuario. «Quedarán exentos de participación en el coste de las prestaciones aquellos beneficiarios cuya capacidad económica no supere en 2,5 veces el IPREM (Unos 1.350 euros)» y «en ningún caso» el copago será superior al 60 % de los ingresos del discapacitado, fija el Cermi.

El Cermi anunció que la campaña de recogida de firmas de toda España se realizará en la Comunitat Valenciana.