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Fórmula 1 en Valencia

La querella deja fuera a Roig, Olivas, Cotino, Fabra y 9 consellers que compraron Valmor

Fiscalía pone el foco en el montaje de la Fórmula 1, además de en la ruinosa operación para liquidarla

Entre la dimisión del ex Fiscal General Eduardo Torres-Dulce, quien no detuvo ninguno de los asuntos de corrupción que afectan al PP, y la designación oficiosa de su sustituta, ayer, se coló la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el expresidente Camps, la exconsellera Lola Johson y el expiloto y empresario Aspar. La iniciativa del fiscal se remató a última hora de la noche del jueves. Es lo que tiene el vacío de poder. La nómina de los señalados por Fiscalía no coincide con los acusados por PSPV y Esquerra Unida en sus denuncias de la operación de compra de Valmor Sports, la gestora de la Fórmula 1, por 0,99 euros y la asunción de casi 50 millones de deuda.

El 'Bienvenido Mr Ecclestone' con el que el Consell de Francisco Camps alcanzó, tras la Copa del América, el estado de plena euforia en aquellos tiempos de cartón piedra, acabó costando más de 275 millones a la Generalitat. El Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en el circuito urbano fue paradigma de un modelo comercial consistente en privatizar posible negocio y expropiar pérdidas, ahora puesto en solfa por Anticorrupción: la iniciativa pública pagaba los costes y cuatro empresarios privados fueron elegidos a dedo y saltándose todas las normas, según el fiscal, para hacer negocio explotando el evento.

Así nació Valmor Sports, participada por Bancaja (José Luis Olivas), Fernando Roig y Worldwide Circuit, propiedad del expiloto Jorge Martínez Aspar y el empresario Vicente Cotino. El circuito urbano costó más de 100 millones y la adaptación de la pista salía por una docena de millones al año. El canon debía pagarlo Valmor Lo hizo sólo el primer año (19,5 millones) y a partir del segundo mandó un SOS al Consell, que asumió el abono de esa tasa a Ecclestone. En realidad, la prueba la organizaba Circuit del Motor y Valmor no dejaba de ser un firma privada «pantalla», según Fiscalía. Para evitar que la pública Sptcv desembolsara 72 millones de dólares —dos anualidades de canon— como penalización por no organizar la prueba de 2012, dada la insolvencia de Valmor, el Consell de Fabra autorizó, en el pleno del 9 de diciembre de 2011, la compra de la gestora de la Fórmula 1. El Consell es accionista único de Circuit del Motor y la Sptcv. El 28 de febrero de 2012, el consejo de administración de Circuit ratificó la compra. Tanto PSPV como EU señalaron en sus denuncias a Fiscalía a todo el Consell de Fabra, con el presidente a la cabeza, por la ruinosa compra, con asunción de 34 millones de deuda de Valmor con terceros, más otros 15 con el propio Circuit del Motor.

El «engaño» de Johnson

En su querella por prevaricación, malversación y delito societario, el fiscal Vicente Torres apunta ahora a la exconsellera Lola Johnson y deja fuera al resto del Consell que aprobó esa operación: Alberto Fabra, José Císcar, Isabel Bonig, Paula Sánchez de León, Luis Rosado, José Manuel Vela, Serafín Castellano, Enrique Verdeguer, Jorge Cabré y Maritina Hernández. Argumenta la Fiscalía que Johnson «engañó» al resto del Consell, que siempre argumentó que su decisión estaba avalada por sendos informes de la propia Sptcv, de Broseta Abogados y de Garrigues. De aquel Gobierno sobreviven Fabra, José Císcar e Isabel Bonig. María José Català, la portavoz, no formaba parte del Consell en el pleno de diciembre de 2011, pero sí del que ratificó la operación meses después. De igual modo, Anticorrupción señala como responsable a Aspar por ser «accionista» de Valmor, pero 'salva' a Fernando Roig, José Luis Olivas (por Bancaja) o Vicente Cotino.

Será el TSJ valenciano el que decidirá si abre el enfoque a otros protagonistas, más allá de Aspar, Johson y Camps. Preocupación hay y mucha en el Consell de Fabra, aunque quieren aparentar lo contrario. La delgada línea roja impuesta por Fabra como cordón sanitario no soporta a ningún imputado. Tampoco resistiría un espejo.

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