El presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, no cuenta con el exjefe del Consell Francisco Camps para las listas de los populares a las próximas elecciones autonómicas. Según pudo saber este periódico de fuentes cercanas a Fabra, el titular de la Generalitat es contrario a que Camps repita, una posición que ya tenía tomada desde antes de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra el expresidente (además de contra la exconsellera Lola Johnson y contra Jorge Martínez Aspar) por la gestión de la Fórmula 1 en Valencia.
Génova aún no ha confirmado la candidatura de Fabra para revalidar la presidencia pero éste da por hecho que liderará la lista del PP y su intención es acometer una amplia remodelación que no incluya, salvo alguna excepción, alcaldes y en la que el expresidente no tendría cabida. De hecho, para Fabra, Camps, una vez asumió su puesto como consejero en el Jurídic Consultiu, no debió haberse aferrado al escaño durante toda la legislatura, lo que lo ha expuesto a las críticas, toda vez que apenas ha pisado las Corts. Un escaño que, eso sí, le ha garantizado el aforamiento en el TSJ valenciano, algo que lo libró de la más que probable imputación por el juez del caso Nóos, José Castro, desestimada por el tribunal valenciano. De no repetir, Camps perdería el aforamiento con la disolución de la Cámara, el 31 de marzo.
La situación de Camps protagonizará el arranque del año en las Corts, ya que en el primer pleno, el próximo miércoles, se discutirá la proposición de ley de Esquerra Unida que reclama la derogación del estatuto de los expresidentes de la Generalitat. El síndic de EU, Ignacio Blanco, reclamó la eliminación de las «prebendas injustificadas» para los exmandatarios. EU ya propuso la derogación en noviembre de 2012 pero el PP „con la abstención del PSPV„ lo rechazó. Ahora, según Blanco, se añade el que hay expresidentes que han hecho uso de las prerrogativas cuya «honorabilidad está en cuestión: José Luis Olivas, pendiente de sentarse en el banquillo por presunto fraude fiscal, y Francisco Camps, querellado por la Fiscalía».
Ayer, el síndic del PP, Jorge Bellver, reiteró „como hace dos años el Ejecutivo sin que haya dado paso alguno„ que el Consell está «abierto» a hablar sobre la ley de expresidentes pero es la oposición la que no quiere. También criticó que EU no fuerce en Andalucía la supresión de esa norma. El socialista Antonio Torres señaló que aún no han decidido su postura (que reducía las prerrogativas a la mera pertenencia al CJC, suprimiendo coche, chófer, y secretaria), dejando entrever que barajan sumarse a la derogación. Mónica Oltra (Compromís) avanzó que apoyarán la proposición aunque cree que sí debe haber una regulación de las «obligaciones» de los expresidentes en la que se aborde «si han de tener alguna prerrogativa». Otra cosa es Camps: «No es ni mucho ni poco honorable; no es nada honorable», dijo.
«Expediente y auditoría»
En la Junta de Portavoces, el PP rechazó la petición del PSPV para que Fabra comparezca sobre la compra de Valmor, la gestora privada de la F1, por un euro, asumiendo una deuda de 50 millones. Bellver alegó que «estamos en un momento en el que ni la Fiscalía se ha pronunciado». «No pedimos una valoración judicial, sino explicaciones», apuntó Torres, quien enfatizó que si Fabra asume que fue «engañado» por Johnson, «tendría que dimitir él», ya que, para la compra de la empresa, «se debió abrir un expediente que incluyera la contabilidad y una auditoría; nadie compra algo sin saber las deudas que tiene». Avanzó que Fabra tendrá que definirse ya que su pregunta de control al presidente irá sobre el caso. La pregunta, con 5 minutos máximo, da opciones para irse de las Corts sin descarrilar.
