La «pax» hídrica impuesta por el Partido Popular en las regiones en las que gobierna podría saltar por los aires en este año electoral tras el anuncio, ayer, del vicepresidente de la Generalitat Valenciana José Ciscar, sobre la próxima interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley de Aguas y Ríos de Aragón».

A juicio de Ciscar la ley aragonesa aprobada el pasado mes de diciembre «es una especie de argucia para blindar el río Ebro y no lo vamos a consentir».

El vicepresidente avanzó que la Generalitat está «estudiando» el texto legal aprobado por las Cortes de Aragón y «propondrá» al presidente Fabra la presentación del recurso «porque la citada ley es ilegal, inconstitucional, al asumir competencias que no tiene una comunidad autónoma y que solo recaen en el Estado».

Ciscar añadió que no les gustaría tener que ir «por ese camino, pero vamos a defender nuestros derechos y la legalidad en materia hídrica».

El titular de la cartera de Agricultura y máximo responsable de la política hidráulica valenciana, además de vicepresidente del Consell, realizó estas declaraciones en Elx antes de recibir la Medalla de Oro del Sindicato Central de Usuarios del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), un acto en el que los regantes agradecían «el apoyo» de Ciscar a los agricultores valencianos y de Murcia en la negociación del Memorándum del trasvase Tajo-Segura que regula la disponibilidad de agua trasvasable en el Tajo.

Todo el Ebro para Aragón

La Ley 10/2014, de 27 de noviembre, de Aguas y Ríos de Aragón, aprobada el pasado 10 de diciembre y que no entrará en vigor hasta el próximo 10 de junio de 2015, da por consolidada en términos legales una reserva de agua «exclusiva» para Aragón de 6.550 hectómetros cúbicos que ya fue incorporada al Estatuto de Autonomía de Aragón en 2007 y añade a las competencias de la Junta «la gestión» de esta reserva y la emisión de un informe «preceptivo» sobre cualquier trasvase „ «transferencia» en el texto„ de aguas «que afecte a los intereses» de esta comunidad autónoma.

El objetivo de estas disposiciones sería, según el preámbulo de la ley, recoger «el sentir de la sociedad aragonesa de velar contra amenazas de trasvases que hipotecarían el futuro» de esta Comunidad Autónoma.

La decisión de recurrir la normativa aragonesa pondría fin, presuntamente, a un periodo en el que el Gobierno central había logrado poner cierta sordina a las reivindicaciones de las comunidades autónomas en relación con el agua, bien con medidas de gestión pactadas como el Memorándum del Tajo-Segura, bien aplazando cuando no sofocando los debates a la espera del gran plan hidrológico de ámbito nacional.

Sin embargo, el argumento de los gobiernos de Mariano Rajoy para no abordar la elaboración del Plan Hidrológico Nacional„ el documento en el que finalmente quedaría claro si existe o no voluntad política de trasvasar agua desde el Ebro hacia la Comunitat Valenciana y Murcia„ hasta no completar la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca no es creíble después de que hayan sido aprobados en esta legislatura.

Aragón, donde el PP gobierna con el apoyo del Partido Aragonés Regionalista, con un discurso «ultranacionalista» en torno el agua, ha sido hasta ahora el único gobierno regional en manos del partido gobernante díscolo con el perfil bajo en el conflicto hídrico impuesto por el Gobierno central.

Sin embargo, el recurso de la Generalitat Valenciana, de concretarse en este año electoral, podría abrir de nuevo la caja de los truenos que ha representado el trasvase del Ebro en la política española.

Císcar subrayó ayer en Elx que «los planes hidrológicos de demarcación aprobados en 2014 ponen de manifiesto que, a pesar de la garantía del trasvase Tajo-Segura, las demarcaciones del Segura y del Júcar tienen un déficit conjunto de 725 hm3 por año (480 en el Segura y 245 en el Júcar)».

Por ello, defendió «la puesta en marcha inmediata de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que contemple la solución definitiva de esos déficits, incluyendo los trasvases y las conexiones entre cuencas que sean necesarios».

Por otro lado, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana dijo que «otro de los retos que hay por delante» es el de «consolidar el trasvase Júcar-Vinalopó».