No fue un encuentro oficial, aunque sirvió para constatar coincidencias y para alcanzar un acuerdo estratégico sobre cómo capear el temporal de conflicto lingüístico e identitario que, están convencidos, el PP y el Consell irán azuzando conforme el calendario se adentre en la precampaña electoral, como viene siendo tradición. El líder y candidato socialista, Ximo Puig, mantuvo ayer un encuentro informal con el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramón Ferrer, y algunos miembros del órgano competente en normativa, entre ellos Josep Lluís Doménech o Pere Maria Orts, con quien Puig mantuvo una reunión a solas.

El motivo principal de la visita privada de Puig a la sede de la AVL, en el Monasterio de San Miguel de los Reyes, fue precisamente reunirse con el humanista y erudito Orts, que fue quien solicitó el encuentro para conocer al candidato socialista.Los académicos y Puig coincidieron en su rechazo frontal al proyecto de LLei de reconeiximent, protecció i promoció de les senyes d'identitat del poble valencià, que constituye, a su entender, un nuevo ataque al órgano estatutario en la medida en que la AVL ha sido excluida del Observatori de les Senyes d'Identitat, esa especie de Gran Hermano concebido para vigilar la pureza de lo genuinamente valenciano. Tampoco el Consell Valencià de Cultura ha sido invitado al Observatori, del que sí forman parte las entidades secesionistas privadas Lo Rat Penat y la Real Acadèmia de Cultura.

Aunque el Consell reconoce la capacidad normativa de la AVL, el proyecto de ley se refiere a la «individualidad» del valenciano «respecto a las demás lenguas del Estado», una formulación que si bien se formula desde el ámbito político „según ha constatado el Consell„ no deja de chocar con la definición filológica que del valenciano hace el Diccionari Normatiu Valencià (DNV), la obra magna de la AVL que ha de ver la luz en su versión en papel en este 2015. Una definición que reconoce el carácter compartido de la lengua con otros territorios, en línea con el histórico dictamen de febrero de 2005. La AVL no es ajena al consenso de todos los entes consultivos de la Generalitat en su rechazo a la ley de señas de identidad: el Consejo Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Consell Valencià de Cultura (CVC). Pero se ha abstenido de cualquier pronunciamiento sobre la enésima bofetada política que le ha propinado el Consell.

Un sector de la AVL se mostraba, con todo, partidario de pronunciarse a través de un comunicado para reivindicar la autoridad normativa de la AVL y de su rango de órgano estatutario frente a ataques del Consell. Pero finalmente se ha impuesto la posición de quienes, como el presidente Ramón Ferrer, ha preferido guardar silencio.

Ayer, los académicos acordaron con Ximo Puig evitar entrar en lo que entienden que es una polémica propiciada por los populares cada vez que las urnas asoman por el horizonte con la intención de pescar votos en el caladero de la sensibilidad identitaria que tantos réditos dio en otras épocas.