El comité de peticiones del Parlamento Europeo investigará la manipulación política e informativa del accidente del metro del 3 de julio de 2006. La institución encargada de velar por el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos europeos (similar al Síndic de Greuges o el Defensor del Pueblo) comunicó ayer a la Asociación de víctimas del metro 3 de julio (Avm3j) que ha decidido admitir a tramite la queja que presentaron en enero de 2014.

La admisión de la denuncia de la Avm3j no es un mero trámite. Los servicios jurídicos del Comité de Peticiones han analizado el extenso dossier que las víctimas del metro presentaron en Bruselas el 20 de enero de 2014. «Se evalúa si el caso está vinculado con la legislación europea y, por tanto, compete a las instituciones de la Unión Europea investigarlo», según explicaron fuentes del Europarlamento cuando se presentó la denuncia.

La Avm3j fundamentó su queja ante el comité de peticiones en tres bloques. En el primero denunciaban la vulneración del pluralismo político en la comisión de investigación del accidente del metro —la más corta de la historia parlamentaria para el accidente de metro más grave en la historia de España— a la que técnicos de FGV y de la Conselleria de Infraestructuras acudieron adoctrinados para defender la velocidad como única causa del accidente «imprevisible e inevitable». Las víctimas tampoco han podido comparecer nunca en las Corts Valencianes, donde el Partido Popular ha rechazado en 21 ocasiones las peticiones de la oposición para crear una nueva comisión de investigación.

El segundo bloque de la denuncia de la Avm3j incide en la ocultación de deficiencias en el mantenimiento y seguridad del metro por parte de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) al ocultar los accidentes previos que había sufrido una de las unidades implicadas en el accidente (la UTA 3736) y un informe que reconocía el mal estado de este tipo de trenes, entre otras cuestiones.

La estrategia del silencio en RTVV

Y, por último, la tercera pata de la queja denuncia la vulneración del derecho a la libertad de expresión y de información por parte de Canal 9 y Ràdio 9, que eludieron durante siete años informar sobre la lucha de la Avm3j, por órdenes directas de Presidencia de la Generalitat, como admitieron los trabajadores de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), cuando se decidió cerrar la televisión y la radio. De hecho, la presidenta de la Avm3j, Beatriz Garrote, sólo pudo ser entrevistada en un plató de Canal 9 el último día de emisión de la televisión pública valenciana.

La Avm3j alegó ante el Comité de Peticiones que la comisión de investigación del accidente del metro amañada «no responde a los principios básicos de una democracia representativa en los que se basa la Unión Europea y el respeto al pluralismo presente en la sociedad, según el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea». Igualmente apuntó que la actitud de FGV, al ocultar información a las Corts, al juzgado y al perito que investigaron el accidente del metro, «no dio la información de la que disponía y este hecho atenta contra el derecho que toda persona tiene a acceder al expediente que le afecta, según el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea», por lo que solicitaron al Comité de Peticiones que investigaran si «FGV y la Generalitat violaron la normativa comunitaria sobre transparencia» que «acabó obstaculizando nuestro derecho a la justicia y el trabajo de la comisión de investigación».

Por último, la Avm3j también considera que la «estrategia del silencio» orquestada desde Presidencia de la Generalitat en los medios de comunicación públicas «vulneró el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales que hace referencia a la libertad de expresión y de información, libre de injerencias políticas y respetuosa con el pluralismo de la sociedad».

En última instancia, la Avm3j también reclamaba al Europarlamento que «dicte normas o recomendaciones para establecer unas garantías democráticas mínimas en las comisiones de investigación en los órganos legislativos de los estados miembros, que respeten los principios democráticos y de respeto a la pluralidad política que rigen la Unión Europea».