Los más morosos de España. La Generalitat ha pasado a ser la administración autonómica que más tarda en pagar a los proveedores, 92,47 días, más del triple del tope legal fijado en la ley de morosidad, 30 días, y muy por encima de la media de las comunidades, 58,15 días, según los datos correspondientes al mes de noviembre que ayer hizo públicos el Ministerio de Hacienda. El Ejecutivo de Alberto Fabra adeuda a los proveedores (por compras de bienes y servicios e inversiones) 1.824,5 millones, por encima de la cifra de octubre (1.737 millones) y un 23 % más que la de septiembre (1.485 millones), que fue la primera vez que el ministerio difundió estos datos a efectos de la ley de morosidad.
Si además se computa toda la deuda al margen de los bancos „incluyendo los pagos pendientes a personas físicas y jurídicas, como las ayudas a la vivienda o la farmacia, y a ayuntamientos u otras entidades, como la universidades„, el montante económico sin saldar del Consell se eleva a la friolera de 4.490,2 millones. Una cifra que, en valores absolutos, supera a la de Cataluña (4.742 millones) pero que representa un lastre para la hacienda autonómica mucho mayor, ya que alcanza más del 4 % de su PIB frente al 2 % en Cataluña. Y todo ello, pese a la inyección del Estado de unos 18.000 millones en préstamos a través del FLA o Plan de Pago a Proveedores.
A pesar de ese rescate estatal, de los 4.490 millones de deuda no financiera del Consell, 1.946,3 millones corresponden a años anteriores a 2014, mientras que otros 2.544 se han generado en ese ejercicio. Como la existente con los proveedores es toda ella de 2014, los casi dos mil millones pendientes anteriores a 2014 son débitos en subvenciones a otros entes, empresas y personas. Un indicador de que la situación financiera de la Generalitat está lejos de estar resuelta.
Hasta ahora, el Consell se había mantenido como el segundo más moroso (por debajo de Aragón), con 74,42 días en septiembre y 82,22 en octubre. En noviembre ha pasado a liderar el ránking tras aumentar el periodo medio de pago respecto a octubre en 10,25 días (la media es de 6,14), un 12,47 % en términos porcentuales (frente al promedio del 11,81%). En dos meses la demora se ha incrementado en 18,05 días. Tras la C. Valenciana, figura Aragón (88,48 días), Extremadura (82,58), Baleares (80,66), Murcia (65,99) y Madrid (61,31). Todas ellas superan la media, los citados 58,15 días. Diez de las 17 comunidades incumplen el plazo legal de 30 días. Las que están más al día son Navarra y País Vasco, ambas con un ventajoso sistema foral de financiación. También por debajo de los 30 días están La Rioja (26,15), Cantabria (24,32), Asturias (20,50), Canarias (14,39) y Galicia (5,16), todas ellas primadas en el sistema de financiación.
En conjunto, las autonomías mantienen una deuda no financiera de 19.302 millones, de los que 9.773 es en concreto con los proveedores. La valenciana concentra casi la cuarta parte (23,3 %).
Ayer, el ministerio recalcó que se mantienen por encima del límite de 30 días desde el mes de septiembre Andalucía (47,23), Castilla-La Mancha (39,49) y Cataluña (53,79), mientras que Castilla y León (34,81) lo superó por primera vez en noviembre. Todas ellas deben incluir, conforme a lo previsto en la Ley de Estabilidad, en la actualización de su plan de tesorería posterior a la superación de dicho plazo máximo, entre otras cuestiones, los importes que van a dedicar mensualmente al pago a proveedores para reducir su periodo medio hasta el tope de 30 días.
Hacienda «vigila»
Más grave es el caso valenciano, que supera el plazo de 60 días desde la primera referencia de septiembre. Como la Comunitat, están Aragón, Extremadura y Murcia, mientras que Baleares lleva excediendo los 60 días desde octubre y Madrid, por primera vez en noviembre. Hacienda advirtió que «vigila los incumplimientos para aplicar la ley de deuda comercial en el sector público y los mecanismos previstos». Esos mecanismos comportan que, una vez actualice su plan de tesorería, si incumple dos meses seguidos el tope de 30 días, el Estado podrá retener directamente el dinero de la financiación de la C. Valenciana para saldar las deudas con los proveedores. Ese momento aún no ha llegado pero el riesgo es máximo, si bien el ministerio confía en que este año bajen los plazos por la inyección de millones de ahorro con el plan de la deuda al 0 % de interés.
Para calcular el periodo medio de pago, se excluyen los 30 primeros días tras presentarse la factura en el registro, al entenderse que ese es el plazo para que la Administración la reconozca. El contador, a los efectos de la ley de morosidad, comienza a partir de ahí. Los datos negativos significan que una administración paga dentro de esos 30 días iniciales que no computan.
1.640 millones de números rojos
El ministerio aireó también los datos de la ejecución presupuestaria hasta noviembre. Así, la C. Valencia registró, a un mes de cerrar el ejercicio, un déficit presupuestario „descontando los anticipos, las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 y el efecto del gasto no imputado a presupuesto„ de 1.640,34 millones, lo que representa el 1,65 % de su PIB, muy superior al límite del 1 % para todo el año. Esta cifra está sujeta a ajustes de contabilidad nacional para obtener el déficit a efectos de Bruselas, pero se aproxima bastante. La C. Valenciana se sitúa como la tercera con más números rojos, por debajo de Murcia (1,85 %) y Cataluña (1,71 %) y superando a Extremadura (1,20 %). Hasta noviembre, la Generalitat gastó 11.389 millones pero solo ingresó 9.749 millones.
