Los programas electorales de los partidos de la oposición tienen un punto «freudiano». En ellos las formaciones vuelcan aquellas experiencias traumáticas que han ido acumulando en su relación con las instituciones al toparse con el rodillo de la mayoría gobernante, con la intención de ponerle remedio si algún día llegan al poder. Algo de eso contiene el documento madre programático del PSPV, aprobado ayer por el Comité Nacional del partido y a partir del cual se elaborará el programa electoral.

Se ven propuestas, pero en una segunda lectura se intuye entre líneas todo un historial de agravios. Por ejemplo, el PSPV se compromete a: «Regular de forma precisa las obligaciones que, en materia de información, tiene el Consell con las Corts, previendo las sanciones que resultan aplicables cuando las mismas no sean respetadas». Traducido, significa que las Corts sancionarán al Consell si no facilita a los partidos de la oposición información o contratos requeridos. La sanción que estudia el PSPV, conviene aclarar, no sería económica, sino una reprobación de las Corts así como el apoyo a los diputados que acudan a la justicia.

No es una cuestión menor. En los últimos años se cuentan por decenas las sentencias del TSJ-CV que obligan al Consell a entregar a los partidos de la oposición facturas, información o contratos solicitados en las Corts. Uno de los fallos más contundentes le obliga a airear todos los gastos de la caja única, entre 2006 y 2013, por un montante total de 1.150 millones.

Otro de los ámbitos de la actividad parlamentaria en la que la oposición ha topado con el muro del PP es el de las comisiones de investigación: el metro, Emarsa, Nóos, Cooperación, Brugal... La oposición ha insistido hasta la extenuación en la reapertura de la investigación del accidente del metro tras cada novedad en el caso, siempre con la negativa del PP, amparándose en que ya se había celebrado una „la más corta de la historia e investigada ahora por Europa„. Hace unas semanas, tras la decimosexta negativa, el diputado socialista Francesc Signes envió al PP «a la mierda». Los socialistas se comprometen ahora a que sea más fácil constituir una comisión, y que no se requiera la mayoría de diputados que se reclama ahora.

Tampoco ha llevado muy bien el PSPV durante los últimos cuatro años la relación con Juan Cotino, que ha sido presidente de la Cámara hasta su dimisión, en el tramo final de 2014. Se le ha acusado de hacer un uso partidista de la cámara y han sido frecuentes las trifulcas con diputados de todo el arco opositor. En el documento de bases programáticas, el PSPV propone «reformar la figura del presidente para que el mismo pueda actuar frente al Consell en defensa de los parlamentarios, dándoles amparo cuando sus derechos estén siendo violados».

«Paralelamente, hace falta prever un mecanismo que permita deponerle cuando se aprecie que su actuación no se ajusta a la imparcialidad institucional que el cargo exige». El PSPV también desarrollará en su programa electoral una ley valenciana de rendición de cuentas del gobierno; así como controlar los nombramientos de asesores «para garantizar la calidad profesional y ética de los nombramientos».