El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Valencia ha desestimado el recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que se pedía la anulación de los 56 nombramientos, 29 de catedrático y 26 de profesor titular, realizados por la Universitat de València (UV) en 2012, según una sentencia dada a conocer ayer por la Federació de Treballadors de l'Ensenyament (FETE) del sindicato UGT. La Abogacía del Estado ya ha recurrido el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (Tsjcv), confirmaron ayer fuentes oficiales de la UV.

El departamento del ministro Cristóbal Montoro solicitaba que se declarasen contrarios a derecho los dos concursos de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios convocados por la Universitat en mayo y junio de 2012, así como los posteriores nombramientos.

Hacienda justificaba sus pretensiones en base al Real Decreto-ley del 30 de diciembre de 2011de medidas urgentes en materia presupuestaria para la corrección del déficit público así como también la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012. Esta última, debido a las elecciones legislativas del 20 de noviembre de 2011, no entró en vigor hasta el 1 de julio de 2012.

Ambas disposiciones prohibían que el sector público incorporará nuevo personal en 2012, salvo el que pudiera derivarse «de la ejecución de procesos selectivos de Ofertas de Empleo Público (OPE) de ejercicios anteriores o de plazas de militares de Tropa y Marinería». Sin embargo, para el juez «no hay duda alguna» que las instituciones de educación superior, que se regulan por la Ley Orgánica de Universidades de 2001, «no están comprendidas en el ámbito del Real Decreto-ley de 2011». Además, añade, que aunque la Ley de Presupuestos de 2012 si que atañe a las Universidades, «no puede comprender los meses anteriores a su entrada en vigor».

250 euros en costas a Hacienda

La sentencia destaca que todo el proceso de convocatoria de plazas de la UV se realizó mientras estaban prorrogados los presupuestos del Estado de 2011 «por mandato constitucional» y que la Ley de presupuestos de 2012 «en ningún momento» prevé efectos retroactivos en sus disposiciones transitorias.

Por estas dos razones, el magistrado considera «conforme a derecho» los concursos de acceso a plazas docentes de la UV y desestima el recurso del Gobierno, al que impone 250 euros en costas.