El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana investigará al exjefe del Consell Francisco Camps por malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa durante la organización del Gran Premio de la Fórmula 1 en Valencia. La sala ha eludido entrar en la compra autorizada por el actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de Valmor a pesar de que era uno de los elementos nucleares de la denuncia de Anticorrupción. El fiscal acusa en su querella a la exconsellera Lola Johnson de engañar al resto de miembros del Consell al no decirles ni explicarles que la compra por un euro de Valmor por parte de la empresa pública suponía la condonación de 14 millones de euros y asumir 31 millones de euros de deuda que la firma privada tenía con terceros. Los miembros del Consell adoptaron la decisión en marzo de 2012 y el TSJ acota expresamente el periodo de la investigación entre abril de 2006 y el 19 de julio de 2011.

Los consellers mantienen que a ellos no les informó Lola Johnson de que Valmor tenía la deuda y que por ese motivo aceptaron la venta, pero la decisión del TSJ supone que ni siquiera se va a investigar si hay indicios de su supuesta implicación en la malversación. Fuentes cercanas al caso explicaron que Fabra «sí debía tener más información» de los detalles económicos de la operación porque al resto de consellers solo les comunicaron generalidades y que la ruptura del contrato suponía la pérdida de setenta millones de euros. La decisión de no investigar la etapa de Fabra a pesar de su inclusión en el escrito de la querella alivia de presión a los magistrados del TSJ.

Fuentes jurídicas sostienen que la apuesta de la sala de limitar temporalmente la investigación es el segundo paso extraño que da el TSJ. El primero fue la paralización de la admisión de la querella hasta que el fiscal Anticorrupción no aportara la declaración íntegra y traducida en castellano de Bernie Ecclestone a pesar de que la Fiscalía ya había aportado los extractos esenciales de la transcripción en español. Algunas fuentes mantienen que la sala pudo tratar de ganar tiempo para no entrar en el fondo del asunto porque las Corts están a punto de disolverse y con toda probabilidad Camps no va a repetir como diputado. El asunto pasará a los juzgados ordinarios en cuanto Camps deje de estar aforado.

Anticorrupción formalizó la denuncia en diciembre contra Camps, la exconsellera Lola Johnson y el empresario Jorge Martínez Aspar. La sala considera que existe la «posibilidad razonable» de que los hechos delictivos descritos por el fiscal en su querella hayan ocurrido con la participación del expresidente de la Generalitat. El auto incide en que procede iniciar la investigación con el fin de constatar «los elementos necesarios para determinar o no la concurrencia o no del comportamiento delictivo».

El fiscal sitúa a Camps como responsable, negociador, y avalista de fondos públicos a la empresa Valmor. Anticorrupción acusa a Camps de eludir todos los procedimientos de contratación pública, interponiendo una empresa privada a pesar de que sabía que quien iba a desarrollar el proyecto era una sociedad pública. La segunda irregularidad detectada por el fiscal es que en el contrato en el que Circuito del Motor asumió la organización deportiva no se estableció la contraprestación económica por el servicio que daba la empresa pública. Este hecho provocó que Valmor nunca pagó, generando un quebranto a las arcas públicas de 14 millones. La tercera irregularidad fue la decisión del Consell de asumir el canon anual de la prueba y la cuarta la decisión de Camps „siempre según Anticorrupción„ de que la Generalitat sustituyera a Bancaja como avalista de Valmor. La quinta es cómo se ejecutó la compra, situación que salpica al resto de miembros del Consell.

Uno de los puntales esenciales de la acusación es que la Intervención General del Estado considera nulos los contratos multimillonarios por los que el Consell asumió el canon de la prueba. La Intervención entiende que los acuerdos entre Valmor y la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos infringen el Código Civil porque solo imponen cargas a la firma de la Generalitat.