En una tierra infectada de corrupción „cerca de 250 imputados valencianos en sumarios por presuntas corruptelas económicas, tributarias y urbanísticas„, germinó ayer una propuesta de regeneración pública con 99 propuestas concretas contra la corrupción, considerado el segundo problema que más preocupa a la sociedad española en el último barómetro del CIS por detrás del paro. Las medidas las presentó en Valencia la nueva plataforma Sociedad Civil contra la Corrupción e incluye medidas convencionales, avanzadas por Levante-EMV, como la reducción a un tercio de los cargos públicos, la supresión de los asesores, el aumento del número de jueces y de agentes de la policía judicial, la limitación «a 4 u 8 años» del tiempo de permanencia en los cargos públicos, la eliminación de los contratos a dedo desde la Administración o el endurecimiento de penas para corruptos, corruptores y testigos que miran para otro lado.
Sin embargo, también figuran propuestas más extraordinarias como la exigencia de que «quien acceda a un cargo público tenga un trabajo remunerado al que renuncie temporalmente». Es decir, no podría haber políticos profesionales de por vida que no hayan trabajado nunca. Pero tampoco un parado o una ama de casa podría acceder a un cargo público. Asimismo, el frente anticorrupción impulsado por 28 catedráticos, abogados, jueces, arquitectos, altos funcionarios o sociólogos „como Adela Cortina, Aurelio Martínez, José María Tomás y Tío, Pedro Viguer o José González Cussac„ plantea que a los condenados por corrupción se les impida «comprar casas de lujo o llevar a sus hijos a colegios de élite; en definitiva, limitaciones que les hagan sentir el rechazo popular proporcional a la falta».
La mano dura contra la lacra llega hasta la exigencia de exigir a los corruptos la «devolución de las cantidades apropiadas indebidamente con los correspondientes recargos, actuando sobre el patrimonio suyo, de su cónyuge, sus hijos y rastreando cualquier posibilidad de sociedades interpuestas». Por insólita merece ser destacada la propuesta 88, en la que instan al «establecimiento de programas individualizados y específicos de tratamiento que tengan en cuenta las peculiaridades personales y sociales de los condenados por delitos de corrupción a fin de lograr una reinserción social adecuada, prevenir la reincidencia y que sean capaces de llevar una vida sin delitos». Igual de sorprendente resulta la sugerencia de que se examine a los servidores públicos con «medición del desempeño y encuestas de satisfacción ciudadana, que tengan su reflejo a posteriori en las retribuciones». Los funcionarios mejor valorados, así pues, que estén mejor pagados.
Objetivo: influir en los partidos
Este documento de 30 folios, según explicaron ayer sus ponentes, pretende influir en los programas de los partidos políticos en un año con varias convocatorias electorales. «Son propuestas concretas que se pueden asumir», subrayó José María Tomás y Tío, presidente de la Fundación por la Justicia que ha promovido esta iniciativa cívica.
Otra de las preocupaciones del documento de 99 medidas es la financiación de los partidos políticos. Sobresale una: «No permitir donaciones de empresas con contrato vigente con la Administración en el momento de la donación, y tampoco de empresas que por su actividad contraten habitualmente con la Administración, (por ejemplo empresas constructoras o empresas energéticas)». También propone que se reduzcan los gastos electorales «eliminando gastos superfluos como el buzoneo, los grandes mítines, etc.».
Inspeccionar a los funcionarios
Si bien este programa anticorrupción recalca su apuesta por los funcionarios de carrera y por la «promoción del mérito profesional», también es expeditivo a la hora de sugerir cortafuegos en la Administración para evitar que sea un hábitat corruptible. Por ello, recomienda la creación de «un cuerpo de inspectores que puedan controlar el adecuado cumplimiento del trabajo y aptitud suficiente para el mismo, a cualquier nivel, en cualquier administración y en cualquier momento, sin necesidad de preavisar, sólo identificándose como tal». Respecto a la Administración, pide una agravación de las penas por conductas que indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción. Que se castigue más la «omisión del deber de denunciar y perseguir determinados delitos».
La corrupción también debe perjudicar más a quienes la instigan. Es decir: el empresario o el particular que propone el chanchullo al funcionario o político. En concreto, el grupo de sabios anticorrupción pide que las empresas que se hayan visto implicadas en casos de corruptelas no puedan optar a ningún contrato público durante los siguientes cinco años.
Por otro lado, esta detallada hoja de ruta sugiere «implicar a los servicios secretos en la detección de los corruptos». Incluso abogan por una reforma del código penal que tolere, bajo autorización judicial, «la colocación de dispositivos electrónicos que permitan la grabación de conversaciones privadas de investigados tanto en la vía pública como en sus domicilios u otros lugares cerrados», o espiar a distancia un ordenador «sin conocimiento de su titular o usuario». Por último, se anuncia la creación de un observatorio que realizará el seguimiento de la materia.
