18 de febrero de 2015
18.02.2015
Centros para mayores

La privatización de 2.000 plazas expulsará de las residencias a mayores de renta baja

La Abogacía de la Generalitat avala cambiar plazas concertadas por una prestación económica vinculada

18.02.2015 | 02:53
La privatización de 2.000 plazas expulsará de las residencias a mayores de renta baja

La propuesta de la Abogacía de la Generalitat de cambiar el modelo de 2.000 plazas concertadas para convertirlas en prestaciones económicas vinculadas al servicio, es decir, darle el dinero al dependiente para que vaya al centro que desee, expulsará del sistema de atención a los grandes dependientes de renta media y baja y a los mayores de renta baja.

La otra opción que proponen los abogados de la administración autonómica es que estas 2.000 plazas de accesibilidad sean sacadas a concurso público aplicando la libre concurrencia y sin priorizar a las actuales concesionarias como entre 2008 y 2015, entre las que se encuentran las residencias de la familia Cotino, Solimar, Novaire o La Saleta.

Mientras se libra esta batalla jurídica por las plazas de accesibilidad, que tiene en pie de guerra al sector, la Conselleria de Bienestar Social no aclara cuál será su postura definitiva. Con este debate abierto, siguen cerradas residencias públicas y centros de día ya construidos (Albal, Ayora, Mislata o Vilafranca), que podrían acoger a unas 300 personas mayores.

Una gran dependiente, es decir que cobra la máxima prestación, percibe 715 euros. Este dinero es el que, según la Abogacía de la Generalitat, debe usar para buscarse una residencia cuyo precio medio de referencia marcado por la Conselleria de Bienestar Social es de 1.500 euros. En este caso, un mayor con pensión de 366 euros (no contributiva) o 600 se quedaría sin la posibilidad de poder acceder a una plaza, ya que le faltaría por aportar mensualmente 419 y 185 euros, respectivamente. Un dinero del que no dispone por lo que sería expulsado del sistema.

La situación se agrava si el dependiente es de segundo grado, porque su prestación es de 426,12 y necesitaría 1.074 euros al mes de pensión para acceder a la residencia. Mayores dependientes con pagas de hasta 800 euros se quedarían también fuera del sistema de atención. Ni que decir tiene las pensiones de 600 o 366.

En caso de que el usuario esté en una residencia pública o concertada, independientemente de la empresa que la gestione, nunca se quedará fuera del sistema y lo peor que le puede pasar, que no es poco, es quedarse con un mínimo mensual para gastar de 175,56 euros, el dinero de bolsillo que marca el copago.

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