Si los miembros del Consell aprobaron de tapadillo, el 30 de enero pasado, devolverse a sí mismos y a los altos cargos y asesores de la Generalitat una parte de la extra de Navidad de 2012, no menos a escondidas ha sido la decisión de las Corts de reintegrar a los parlamentarios y al personal del Legislativo, no una parte, sino la práctica totalidad de la paga a la que renunciaron los responsables públicos como gesto de solidaridad hace casi tres años. La decisión del Parlamento, de la que eran conocedores todos los grupos pero de la que nadie ha dado difusión, fue efectiva esta semana, coincidiendo con el penúltimo pleno de la legislatura de las Corts, de manera que los diputados ingresaron la nómina de febrero y la paga de 2012. Una despedida de mandato por todo lo alto.
La renuncia a la paga de 2012 fue una decisión voluntaria y política de las Corts. Lo mismo que la de recuperar ese dinero ahora, ya que la rectificación parcial del Gobierno no es obligatoria para los parlamentarios. De este modo, el recorte solidario de 2012, del que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hizo gala como plus de ejemplaridad, ha quedado en nada. Pero mientras los funcionarios de la Generalitat y otras administraciones solo han podido recuperar alrededor del 25 % de la paga suprimida en 2012, en el caso de los diputados el reintegro es casi total.
La explicación está en el momento en que entró en vigor la supresión de la extra, según los casos. Cuando el Gobierno central eliminó la paga, el decreto-ley se publicó el 14 de julio de ese año. Habían transcurrido 44 días desde el 1 de junio, que es el momento a partir del cual comienza a computar el derecho para la paga de Navidad. En total, se suman 183 días. Los sindicatos plantaron batalla judicial y los tribunales comenzaron a darles la razón. Finalmente, el Ejecutivo central optó por adelantarse políticamente a las sentencias adversas y devolver el equivalente a esos 44 días, que es exactamente el 24,04 % de la extra. Paralelamente, el Consell había acordado lo mismo con los sindicatos valencianos.
Así, el Consell devolvió en enero pasado a sus empleados públicos ese 24,04 %. En un acuerdo que no divulgó, hizo lo mismo con los altos cargos y asesores. De este modo, éstos, que estuvieron peleando en los tribunales contra la reclamación de los sindicatos, han acabado beneficiándose también de ella. Podían no haberlo hecho. Tampoco era obligatorio.
En el caso de las Corts, el decreto-ley estatal no era de aplicación directa a los parlamentos autonómicos. En 2012 las Corts dejaron pasar el verano y fue a instancias de Fabra cuando finalmente asumieron el sacrificio. La decisión la adoptó formalmente la Mesa del Parlamento aunque con mucho retraso, en octubre de 2012. Para colmo, no se publicó hasta el 29 de noviembre. De este modo, los empleados de las Corts han generado un derecho equivalente a 179 días. Eso representa el 97,81 % de la paga.
Ahora bien, los funcionarios de las Corts podían haber recurrido en caso de no devolvérseles la extra casi entera. En el caso de los parlamentarios, era una decisión voluntaria. El Consell aprobó el recorte para sus altos cargos hasta el 28 de septiembre de 2012; sin embargo, se ha aclimatado a la devolución del 24 %. La decisión de las Corts ha venido amparada por un informe de los servicios jurídicos. La recuperación de la paga explica la ausencia de críticas después de que el Consell se devolviera una parte de la paga. En las Corts era más.
