12 de marzo de 2015
12.03.2015

Las universidades piden una ley de igualdad lingüística al creer "fracasada" la Llei d'Ús

La propuesta, impulsada por ACPV contra la discriminación, exige el requisito lingüístico para funcionarios y que el valenciano sea lengua vehicular en las aulas

12.03.2015 | 04:15
Las universidades piden una ley de igualdad lingüística al creer "fracasada" la Llei d'Ús

Hace un año y medio fue la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ahora son las universidades públicas valencianas las que, con el impulso de Acció Cultural del País Valencià, reclaman la aprobación de una nueva norma lingüística que supere la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, el instrumento que en 1983 permitió la entrada masiva del valenciano en las aulas de forma legal después de cuarenta años de castellanización bajo la dictadura franquista y más de un lustro de efectos de la Batalla de València.

En un acto conjunto celebrado ayer por los vicerrectores de la Universitat de València, la Politècnica de València, la Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant y el presidente de Acció Cultural, Joan Francesc Mira, presentaron su propuesta «Per una nova i efectiva Llei d'Igualtat Lingüística». El documento, con doce principios básicos, da por «fracasada» la Llei d'Ús de hace 32 años por los escasos avances logrados en el uso social de la lengua „sí reconocen los méritos en el terreno educativo„ y reclama una ley lingüística que recoja mecanismos concretos para lograr el objetivo final: que los valencianohablantes no sufran discriminación en ningún ámbito social y no tengan que pasarse al castellano por obligación.

Entre las medidas propuestas figura el requisito lingüístico (un título de valenciano obligatorio) para todos los trabajadores de las administraciones públicas presentes en el territorio valenciano, como ya ocurre con los docentes. «Si no es así, el derecho de los ciudadanos de ser atendidos en la lengua propia y oficial es simple papel mojado, ya que depende en exclusiva de la voluntad o la capacidad lingüística del empleado público», afirma el texto. Un administrativo, un médico, un policía, un juez? Piden que todo el personal administrativo sea competente en las dos lenguas. No para hablarlas, sino para entenderlas.

Otra medida propone que el valenciano sea la lengua vehicular en el sistema educativo, al menos en los territorios de predominio lingüístico valenciano. Las universidades públicas firmantes de este acuerdo „la Universidad Miguel de Hernández de Elx es la única ausente, por estar inmersa en plenas elecciones a rector„ consideran que la experiencia demuestra que «los programas de enseñanza en valenciano son los únicos que habilitan para adquirir una competencia efectiva en las dos lenguas oficiales». Por ello, proponen que los conciertos educativos „por los que la Generalitat financia centros privados„ sólo puedan otorgarse a los centros que formen «escolares plenamente capacitados para el uso de las dos lenguas oficiales, cosa que sólo se consigue con los programas de enseñanza en valenciano». Los privados también habrían de asegurar un mínimo de enseñanza en valenciano.

La lengua de la Administración
Ante la constatación de que «el predominio social y real es del castellano» y que se ha producido «una castellanización por tierra, mar y aire» que no convierte en real la igualdad teórica en materia lingüística, las universidades públicas reclaman que la nueva ley lingüística establezca de forma clara que el valenciano ha de ser la lengua de uso normal y general de las administraciones valencianas con los ciudadanos y otras administraciones. Salvo en las zonas de predominio lingüístico castellano, apostillan. Piden poner fin a la «hipocresía de décadas» de la Generalitat y muchas instituciones a la hora de funcionar exclusivamente en castellano y sólo traducir lo necesario de forma «ornamental».

Otro objetivo ambicioso expuesto en esta guía es que la nueva ley de igualdad lingüística declare el «deber de conocimiento pasivo» del valenciano, tras recordar que la Constitución española estipula, sobre la lengua castellana, que «todos los españoles tienen el deber de conocerla». «Dotar este mínimo de competencia pasiva de fuerza legal representa un paso hacia la equiparación y, sobre todo, una garantía legal de poder vivir en valenciano con independencia de la lengua de los interlocutores», añade el documento consensuado a cinco bandas. Al acto asistieron dirigentes de PSPV, Compromís, EU, Podem, ERPV, Verds, Intersindical y CCOO.

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