La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, será la candidata del PP en la ciudad de Alicante para las próximas elecciones municipales. Desde que su nombre fuera ratificado por el partido como aspirante a mantener la vara de mando que la poli-imputada Sonia Castedo consiguió, la también exedil de Alicante ha evitado estar en primera línea de su departamento.
El Grupo Popular en las Corts también ha querido ayudar a mantener este perfil bajo de la consellera para impedir su desgaste y ha evitado pese a haberse comprometido públicamente que hoy comparezca en las Corts para explicar la desaparición de parte de los expedientes originales del proyecto del hospital de la Generalitat en Haití y que investiga la juez del caso Blasco.
La conselleria mandará a la número tres, la secretaria autonómica de Servicios Sociales y Solidaridad, Lucía Cerón, a explicar esta extraña situación, agravada tras revelar ayer Levante-EMV que dos exaltos cargos del anterior equipo a Sánchez Zaplana fueran cazados por la policía hablando de «limpiar» o «romper» documentos y sugiriendo que el expediente estuviera a buen recaudo. Cabe recordar que estas conversaciones fueron interceptadas el 5 de octubre de 2011 y que el exdirector general Josep María Felip no fue destituido hasta su detención el 23 de febrero de 2012. Es decir, tras ocho meses con Alberto Fabra en el Consell.
La Conselleria de Bienestar Social reconoció a la juez del caso Blasco que no encontraban parte de los documentos del hospital de Haití que le reclamaba, el borrador de la convocatoria y las bases, y que las copias que custodiaba eran inservibles al estar fotocopiadas sólo por una cara. Al hacer público este periódico el extravío de documentos, el departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana rectificó y alegó que no disponían de los papeles porque fueron requisados por la policía, algo extraño porque en ese caso deberían haber aparecido en el sumario judicial y no es el caso.
Estas contradicciones motivaron a la oposición para solicitar la comparecencia de la consellera de Bienestar Social, en el caso de Compromís y Esquerra Unida, y del propio presidente Fabra, como pidió el PSPV. El síndic del PP en las Corts, Jorge Bellver se comprometió a que Sánchez Zaplana compareciera, no en el pleno, sino en una comisión. Finalmente, la que acudirá a explicar el descontrol de los archivos de este departamento de la Generalitat será la secretaria autonómica Lucía Cerón.
Mientras esta comparecencia se gestaba, la Abogacía de la Generalitat filtró que había localizado en sus archivos las copias de los documentos extraviados, ya que en su día tuvieron que realizar un informe jurídico sobre los mismos. Seguidamente, al ser acusación en el caso Blasco facilitó los papeles a la juez.
Lo que no aclaró la Abogacía de la Generalitat, ni la Conselleria de Bienestar Social, ni tampoco la policía, institución a la que se ha puesto en el punto de mira, es dónde se encuentran los documentos originales, los que sirvieron para gestar el proyecto ahora investigado y que sería importante conocer para comprobar si se realizó alguna modificación o falsificación a priori o a posteriori. De hecho, en el sumario aparecen parte de estos papeles desaparecidos fotocopiados a medias y compulsados en tres fechas diferentes: 15 de julio 2011, 7 septiembre 2011 y 26 de octubre.
La sospecha se ha incrementado más si cabe sobre la custodia de los expedientes de Bienestar Social tras las conversaciones entre exaltos cargos hecha públicas ayer por este periódico.
