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Tribunales

El TSJ obliga al Consell a costear dos proyectos por 550.000 euros a una ONG que marginó Blasco

El tribunal concluye que en 2011 la conselleria incurrió en desviación de poder y adjudicó las ayudas de manera arbitraria perjudicando a Solidaridad Internacional

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Los desmanes y arbitrariedades de Rafael Blasco en la Conselleria de Solidaridad, ahora integrada en Bienestar Social, le van a crear un nuevo problema al departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana. A su vez, van a aumentar el presupuesto de cooperación de este año, ya que obligan a la administración a financiar dos proyectos, uno en Palestina y otro en El Salvador, que el exconseller condenado marginó. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha dado la razón a la ONG Solidaridad Internacional en su recurso contra la convocatoria de grandes proyectos de 2011. No revoca ninguna de las ayudas otorgadas, excepto las de las entidades ahora investigadas.

Los dos proyectos que tendrá que financiar ahora la Conselleria de Bienestar Social son «Promoción de la salud sexual y reproductiva en Cisjordania con un enfoque basado en Derechos Humanos» y «Fortalecimiento de las capacidades locales para garantizar el acceso sostenible a agua potable en dos comunidades de Berlín, El Salvador» por valor de 250.000 y 300.000 euros, respectivamente. Para hecerse una idea de la importancia de la decisión judicial, el montante para estos dos proyectos de cooperación equivale al 42 % de lo que la Generalitat invertirá en desarrollo internacional en 2015.

El TSJ considera acreditado que la resolución de la convocatoria no estuvo motivada y que en el caso de los proyectos de Solidaridad Internacional se les privó de obtener ayuda arbitrariamente, pese a ser de los que mejor puntuación técnica obtuvieron. La conselleria de Blasco utilizó los 20 puntos que otorgaba de manera discrecional para decantar la balanza hacia otras ONG y dejar fuera a Solidaridad Internacional, que había obtenido mejores informes técnicos. De hecho, el departamento ahora investigado dio a la entidad recurrente 0 y 3 puntos en cada proyecto y les dio 20 a sus competidores.

Solidaridad Internacional también quiso que en este recurso se atacara a Expande, la empresa externa que contrató Blasco para realizar la valoración técnica de los proyectos, aunque el TSJ no quiso abordar esta parte de la demanda. Según la sentencia, la ONG recibió en su sede de forma anónima «seis informes de evaluación realizados por Expande, correspondientes a los expedientes de la demandante y cuatro más cuyas valoraciones difieren profundamente de las que constan en el expediente administrativo». Es decir, las evaluaciones habrían sido manipuladas, algo que investiga por su parte el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia en la pieza separada número 2 del caso Blasco.

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