La supuesta panacea que el Gobierno de la nación aprobó en julio de 2013 para que ningún extranjero irregular se quedara sin cobertura sanitaria pública a cambio de pagar 60 euros al mes si era menor de 65 años o 157 si superaba los 65, que se bautizó como «Convenio especial de prestación de asistencia sanitaria», ha pasado con más pena que gloria en la C. Valenciana a tenor de las pólizas suscritas por la Administración sanitaria en el último año y medio a los ciudadanos foráneos excluidos del sistema que no llegan a las 300, exactamente son 290, según informó a Levante-EMV la Conselleria de Sanidad.
La medida fue criticada por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública que en su momento anticipó que las cuantías establecidas solo favorecían a las aseguradoras privadas, algunas de las cuales dan cobertura sanitaria total a mitad de precio de la póliza del Gobierno.
El citado convenio se creó a raíz de la implantación del Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema público sanitario que excluía de la prestación sanitaria a los extranjeros «sin papeles» e, inicialmente también, a los jóvenes mayores de 26 años que a esa edad salían de la cartilla de sus padres.
Una rectificación posterior estableció dos vías de acceso a la prestación pública sanitaria: estar dado de alta en la Seguridad Social (trabajadores, titulares y beneficiarios) y la residencia legal que incluye a todos los españoles.
Excluidos por ingresos
La normativa excluye por un lado a los más desvalidos y vulnerables (inmigrantes irregulares) y a los que ingresan más de cien mil euros anuales, que en la C. Valencana vienen a ser unos dos mil.
En total, en todo el territorio autonómico valenciano hay 16.848 ciudadanos —sin contar a los sin papeles— sin cobertura sanitaria, según indicó la conselleria que dirige Manuel Llombart.
Mientras que dos mil están fuera por tener unos abultados ingresos, otros 15.000 valencianos carecen de prestación asistencial porque viven en la marginalidad y carecen de documentos y aunque tienen el derecho subjetivo para reclamar esa asistencia, al no haberlo ejercido de manera reglada no lo tienen, según apunta la conselleria que indica que se trata de «situaciones administrativas indefinidas», por lo que se les intentará cobrar el servicio que reciban.
Algunas de las 290 personas que han firmado el convenio especial pertenecen al grupo de los que ingresan más de cien mil euros al año.
Sin embargo, una cosa son las cifras administrativas y otra el día a día de miles de ciudadanos que como Alberto, de 28 años, se encontraron repentinamente sin prestación pública sanitaria tras finalizar un contrato de seis meses en el que estuvo dado de alta.
De hecho y según le indicaron, la SS solo contempla alargar la cobertura sanitaria dos meses más, una vez acabado el tiempo laboral.
En esta situación el joven, que a los 26 años salió obligadamente de la «cartilla familiar», en aplicación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes, se vió repentinamente sin tarjeta SIP, ni centro de salud, ni médico. Sabía que si solicitaba atención sanitaria se la darían, pero también temía que le llegara a casa una factura con el coste del servicio.
Ante esta situación, la única salida por la que optó fue la de contratar un seguro privado a mitad de precio del que oferta la Administración para aquellos que se quedan al margen.
Paradójicamente y según relató el padre del joven en ningún momento informaron a la familia de que el chico podría solicitar la tarjeta sanitaria como residente legal, una situación en la que se encuentran miles de ciudadanos.
Por otra parte, el último informe de Odusalud indicó que al menos 70 niños extranjeros e hijos de parejas sin papeles no habían sido atendidos o su asistencia se había facturado, a pesar de que la atención a menores y embarazadas está garantizada, al margen de su situación legal.
