Hace un par de meses, en puertas del año de las cinco elecciones, el Gobierno echaba marcha atrás y anunció que suprimía las polémicas tasas judiciales que impuso en 2012 para los ciudadanos en todos los órdenes e instancias. El Gobierno había justificado en su momento la medida en la necesidad de reducir la litigiosidad, aunque desde ámbitos de la magistratura se criticó que las tasas suponían una limitación al acceso a la justicia.
En efecto, durante 2013, primer año íntegro con el nuevo régimen impositivo, se notó un impacto. El número de casos ingresados se redujo en un 5% mientras que la recaudación por las tasas se incrementaba un 30,7%, pasando de 15,9 millones en 2012 a los 20,8 millones ingresado en 2013.
Conviene aclarar, en este sentido, que las tasas ya existían antes de 2012. Lo que hizo entonces el Gobierno de Rajoy fue extenderlas. Hasta entonces, sólo afectaban a las grandes empresas. Con la nueva ley, el pago se extendía a todas las empresas y a todos los ciudadanos. Se incorporaban, por ejemplo, las tasas a la jurisdicción de lo social. Es decir, la que trata los conflictos laborales que se dispararon por los efectos de la crisis.
El mayor efecto disuasorio se produjo en los pleitos contra la administración, que cayeron un 15%. Las acciones judiciales costaban entre 200 y 800 euros, lo que encarecía, por ejemplo, recurrir una multa o una resolución municipal. Ahora, tras la marcha atrás del gobierno, se eliminan las tasas para los ciudadanos, pero se mantienen para todas las personas jurídicas, incluidas las pymes, que integran mayoritariamente el tejido económico valenciano.
El «tasazo» también se ha notado en 2014. Según una respuesta parlamentaria del Gobierno al PSOE a la que ha tenido acceso Levante-EMV, la justicia ingresó durante el pasado año 19.858.000 euros, con lo que el balance recaudatorio de los dos años de «tasazo» se eleva a 40 millones de euros. Los 19,8 millones del pasado año suponen un 5% menos que el año anterior, pero el incremento respecto al 2012, antes del «tasazo», sigue siendo considerable, de en torno al 25%. Por provincias, en 2014 la mayor recaudación se produjo obviamente en Valencia, con 11,4 millones de gasto en tasas judiciales. Hubo una reducción da casi 300.000 euros respecto al año anterior.
En Alicante, la recaudación fue de 5.588.000 euros. En esa provincias se produjo la mayor caída en términos relativos, dado que en 2013 la Justicia ingresó allí 6.124.000 euros. Finalmente, en Castelló, la recaudación fue de 2.865.000 euros, frente a los 2.940.000 euros del año anterior.
PSPV: «Es un expolio»
Según criticó el diputado del PSPV en el Congreso Antoni Such, el «tasazo» ya suprimido ha sido «un abuso». «Es un expolio de 40 millones por algo que es injusto y ha puesto en peligro la tutela judicial efectiva», lamentó Such.
El Partido Socialista tiene recurrida la ley al Tribuna Constitucional y está en espera de la sentencia. El diputado criticó también que los valencianos están aportando más a la Justicia a través de las tasas de lo que la Generalitat están transfiriendo a la justicia gratuita.
«Ha sido un golpe de imagen antes de las elecciones», apunta el portavoz de Jueces para la Democracia Joaquim Bosch. «Decenas de miles de personas se han quedado fuera del sistema», lamenta, además de criticar la falta de diálogo del Gobierno.
