Milagrosa Martínez se sienta hoy en el banquillo de los acusados como alcaldesa de Novelda y miembro del grupo municipal del Partido Popular al rechazar ayer por mayoría „siete de doce concejales„ su expulsión, que había solicitado el portavoz del PP en el consistorio, Rafael Sáez. Martínez se enfrenta a once años de cárcel en el primer juicio del caso Gürtel, que comienza hoy y en el que se juzgan presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur y otras cuatro ferias nacionales entre 2005 y 2009, cuando dirigía la Conselleria de Turismo.
Fuentes del grupo municipal del PP y del PPCV confirmaron ayer la expulsión de Martínez del partido, si bien posteriormente precisaron que está «suspendida de militancia y funciones» por parte del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular, tal y como certifica en un escrito al consistorio de Novelda el secretario del comité, Juan Carlos Vera.
De hecho, fuentes del PPCV indicaron que la expulsión solo se producirá en caso de dictarse una sentencia condenatoria. Por lo que si finalmente Martínez es absuelta, recuperaría la militancia del PP.
Según la legislación que regula los grupos municipales, la expulsión de algún concejal de su grupo y su conversión en edil no adscrito debe ser aprobada por la mayoría de los concejales del grupo por el que fue elegido en las elecciones, un hecho que ha sido rechazado por siete de los doce concejales que conforman el grupo municipal del PP, incluida Milagrosa Martínez.
La Fiscalía pide que sean condenadas 13 personas. Anticorrupción acusa a los responsables políticos que aprobaron las adjudicaciones, a los funcionarios que las tramitaron y que supuestamente facilitaron información privilegiada al grupo Correa, y a los cabecillas de la red. La Fiscalía considera clave la intervención de Milagrosa Martínez y su jefe de gabinete, Rafael Betoret, para la adjudicación de los contratos a Orange Market.
Angélica Such
El fiscal mantiene que Martínez cometió un delito continuado de malversación por el que se enfrenta a 7 años, un delito de cohecho por el que le solicita 4 años y un delito de prevaricación por el que le pide 9 años de inhabilitación. La Fiscalía Anticorrupción también reclama que su sucesora en el cargo, Angélica Such, cumpla nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
