Aunque el texto del Real Decreto 16/2012, que excluye a los inmigrantes irregulares de la atención sanitaria, recoge con toda precisión en el artículo tercero que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España tienen derecho a la «asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa hasta la situación de alta médica», el día a día en los servicios de admisión de urgencias y facturación de los hospitales de la red pública valenciana constata exactamente lo contrario: que a los extranjeros sin tarjeta SIP se les hace firmar un compromiso de pago, previo a la atención sanitaria, se les da un plazo de diez días para alegar y se les remite la factura con el coste de la atención. Así lo han denunciado a Levante-EMV médicos de familia de la C. Valenciana y las entidades Valencia Acoge y «Jo Si Sanitat Universal».
Los profesionales avalan sus denuncias con documentos y facturas a las que ha tenido acceso este periódico, que llevan consigo historias de impotencia y sufrimiento de personas enfermas en un pais extranjero y en una situación irregular. Vulnerables.
El hospital General de Valencia, La Fe, el hospital Clínico, el Arnau, el hospital Doctor Peset y el hospital de Vinarós son solo algunos de los centros que han remitido facturas ordinarias como «pacientes privados» a inmigrantes sin documentación que tuvieron que acudir a una puerta de urgencias por un problema grave de salud.
Una de esas personas fue un hombre de nacionalidad marroquí que ingresó en urgencias del hospital de Vinarós con un ictus y cuya familia terminó abonando 132,59 euros que era la cuantía de la factura que se les remitió a su domicilio, como se puede observar en la tercera imagen (arriba de estas líneas) que acompaña esta información donde se aprecia que la cantidad ha sido abonada por banco.
La intervención de profesionales sanitarios y trabajadores sociales evitó que se los allegados recibieran más requerimientos de pago del resto de cuidados que el paciente recibió en aquel momento.
Lo mismo le ocurrió a un ciudadano norteamericano que llegó a La Fe con convulsiones ocasionadas por un tumor cerebral. A los tres meses de su muerte, la hermana del fallecido, que era su representante legal, recibió en su domicilio una factura por valor de 5.060 euros correspondiente al coste del ingreso hospitalario de 7 días derivado de su asistencia urgente.
A pesar de presentar varios recursos en los que explicaba que su hermano tenía nacionalidad española al ser hijo de nacional y estar inscrito como tal en el Registro Civil de Madrid, acreditar en el INSS que no superaba el límite de rentas y que como español y residente tenía derecho a la asistencia sanitaria, finalmente la hermana acabó pagando los cinco mil euros.
La factura de una asistencia hospitalaria urgente que asciende a 187,61 ? en hospitales como La Fe y el Peset, como se aprecia en la segunda imagen de esta información, es la que llega a los extranjeros en situación irregular que tienen que firmar un «compromiso de pago» antes de ser atendidos, que posteriormente se convierte en factura, como la que recientemente recibieron las hijas de un ciudadano de Paraguay enfermo de corazón al que le extirparon un riñón tras entrar por urgencias y cuyo coste final se ha disparado hasta los 13.000 euros.
