Los socialistas han lanzado sendas propuestas para acabar con dos problemas de actualidad, la lacra de los desahucios y los sobrecostes en las extraescolares en los centros públicos y privados de primaria. El PSPV impulsará una ley por la Función Social de la Vivienda que permita recuperar su uso social por parte de la ciudadanía. Por su parte, realizarán inspecciones «detalladas y periódicas» en los colegios para evitar el lucro en el comedor y en las actividades asociadas, como ha denunciado la Sindicatura de Comptes.
La portavoz de Vivienda del grupo socialista en las Corts, María José Salvador, calificó de «objetivo prioritario» conseguir un cambio «radical» que garantice el acceso a la vivienda a las personas con menos recursos. «El mercado necesita un cambio radical en la Comunitat Valenciana que garantice el acceso de las personas con menos recursos a la vivienda», afirmó la responsable socialista. El primer objetivo de esta nueva ley será el de frenar los desahucios, ya que, según la diputada, «somos la segunda autonomía en desahucios en toda España y es primordial acabar con esa situación».
Sanciones a los bancos
Asimismo, «pondremos en marcha un conjunto de medidas sancionadoras dirigidas a todas las entidades financieras que tengan viviendas vacías y no las pongan a disposición de la sociedad en forma de alquiler social», agregó. También informó de la intención de los socialistas de regular los precios de las viviendas de protección pública, «ajustando el precio de los módulos a la realidad socioeconómica de la Comunitat».
El secretario de Educación del PSPV, Miguel Soler, denunció que «el descontrol que reina en la conselleria y la poca vigilancia que se realiza está provocando que centros sostenidos con fondos públicos no se garantice la gratuidad de la educación obligatoria»
Para Soler, esta situación no puede seguir porque «provoca que muchas familias con menos medios económicos no puedan en realidad tener la capacidad de elección de centro», ya que, según explicó, «cuando van a matricular a sus hijos les informan que tienen que pagar por algunas actividades que son casi obligatorias». Por tanto, «se ven abocados a buscar otro centro para matricularse».
Ante esto, el responsable socialista anunció que el PSPV se compromete a «garantizar una inspección detallada y periódica para evitar este tipo de situaciones y que los centros sostenidos con fondos públicos tengan una gestión transparente y controlable socialmente». Los socialistas quieren evitar que «las familias tengan que pagar más de lo que les corresponde», concluyó.
