José Antonio Maciá, vecino de la alicantina localidad de Callosa de Segura, de 39 años y en paro, ha presentado en el registro del Ayuntamiento una curiosa petición dirigida a la secretaria municipal en la que solicita información sobre la imputación que afecta al alcalde la localidad, Javier Pérez (PP). El ciudadano expone que conocer las causas por las que el primer edil está siendo investigado por un supuesto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios es fundamental dado que «se acercan las elecciones y son datos muy importantes para mi votación».

El escrito fue presentado en el consistorio callosino el 3 de marzo pero hasta ahora no ha obtenido la respuesta de la funcionaria. «Me llamó por teléfono la secretaria y me dijo que esto era algo extraño, que nadie del pueblo hacía estas cosas. Solo me dijo que podía enseñarme un expediente, pero no me dijo si está o no imputado el alcalde», explica Maciá.

Las dudas de este ciudadano sobre la situación judicial que afecta al regidor surgieron a raíz de que Esquerra Unida pidiera a la cúpula del PP alicantino que excluyera a Javier Pérez de la lista electoral al entender que está «imputado por corrupción» y que «las personas que opten a la alcaldía tienen que estar limpias de toda sospecha».

Debate

A raíz de esto, se inició se inició un acalorado debate a través del Facebook entre varios vecinos en el que participó también el primer edil. El primero en comentar fue Maciá, quien apuntó que «si eso es cierto, ningún imputado en las listas, sobre todo el que sobrevuele el fantasma de un posible delito, no tiene derecho a representar a nadie».

El alcalde escribió poco después y dijo que IU «miente deliberadamente» porque la cuestión «se reduce a la solicitud de las células de habitabilidad para unas viviendas de mi propiedad en 2009 lo cual hice, como cualquier callosino, dentro de la más estricta legalidad y previo pago de las tasas correspondientes» rechazando que hubiera habido «trato de favor».

Maciá le invitó entonces a enseñar «papeles» que demostraran su versión y el primer edil le contestó que «las pruebas son un auto judicial» y «todos los informes de la secretaria, que es una fedataria pública cuyas certificaciones tienen tanta validez como las de un notario».

Maciá decidió entonces presentar un escrito a la secretaria para que le informara de la imputación del alcalde, pero lo cierto es que a día de hoy sigue sin obtener una respuesta. Y nadie sabe si la tendrá antes de las elecciones.

No son pocos los alcaldes que, como el primer edil de Callosa, utilizan las redes sociales para responder a sus conciudadanos.