El Ministerio de Medio Ambiente demora desde hace más de 13 meses la resolución de las más de 100.000 alegaciones (2.000 de ellas sólo de la provincia de Castelló) contra el proyecto de prospecciones petrolíferas junto a les Illes Columbretes, a pesar de que el periodo habitual suele ser de tres meses y el Gobierno anunció el pasado mayo que las respuestas ya estaban «muy avanzadas».
Una parte de la demora se debe al elevado volumen de alegaciones propiciado por la acción conjunta de colectivos ecologistas, ciudadanos y empresarios turísticos de toda la Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares, que también ven en el proyecto petrolífero de la multinacional Cairn Energy una amenaza a sus valores naturales y a una economía basada en el turismo.
El retraso propio de analizar la declaración de impacto ambiental de un proyecto complejo con 100.000 alegaciones se ha agravado por el hecho de que durante meses parte de las alegaciones hayan permanecido bloqueadas en las delegaciones de Gobierno sin llegar al Ministerio de Industria y el Ministerio de Medio Ambiente, último responsable de emitir la declaración de impacto favorable o desfavorable.
Este retraso está sembrando incertidumbre en todas las partes implicadas. Por un lado, ecologistas y empresarios turísticos temen una resolución inesperada del Gobierno antes de elecciones. Por otro, la empresa solicitante ve cómo se acercan lentamente las elecciones generales de finales de año y un hipotético cambio de Gobierno podría poner punto y final al proyecto.
Además, pese al apoyo de Industria al plan petrolífero, el Ministerio de Medio Ambiente ratificó la semana pasada su apoyo al proyecto Indemares que se opone a las prospecciones petrolíferas en Columbretes y que eleva la protección de la reserva marina al incorporar dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea el espacio marino Delta del Ebre-Illes Columbretes.
El proyecto ha incrementado la superficie marina protegida en España desde menos del 1% a más del 8%, contribuyendo al objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, que fija en al menos un 10% el porcentaje de protección de las regiones marinas de cara al año 2020. A este respecto, el Ministerio de Medio Ambiente aseguró que seguirá trabajando para alcanzar dicho porcentaje.
En referencia a la reserva castellonense, uno de los documentos del proyecto Indemares expuestos al público por Medio Ambiente advirtió textualmente que en el entorno protegido (Columbretes-Delta del Ebro) deben prohibirse nuevos proyectos de hidrocarburos, e incluso restringirse el actual operativo en Tarragona (la plataforma Casablanca de Repsol). «La construcción de nuevas infraestructuras debería estar muy restringida, e impedirse todas aquellas que supongan un serio riesgo para las aves y otros organismos (parques eólicos, nuevas plataformas petrolíferas, etc.)».
De hecho, el ministerio también exige un mayor control para los proyectos ya existentes. «Merece especial atención la contaminación, en particular por hidrocarburos: es necesario el control estricto de su explotación y transporte, así como el diseño de planes de actuación en caso de vertidos accidentales».
