La legislatura está a punto de acabar y, según el Imserso, en la Comunitat Valenciana había a 28 de febrero de este año 12.049 dependientes con el derecho a cobrar la prestación aprobado pero sin haber recibido la ayuda, bien en paga, bien en servicio de asistencia. Entre tanto, a día de hoy en todo el territorio hay 62 residencias, centros de día y viviendas tuteladas públicas cerradas por falta de fondos aportados por las administraciones, la mayoría de la Generalitat y los ayuntamientos. Estas infraestructuras fueron construidas por municipios y mediante los planes E (Gobierno de Zapatero) y Confianza (Consell de Camps), pero desde su finalización duermen el sueño de los justos.
Los dependientes y los mayores son los colectivos que más han denunciado los recortes y el copago aplicado por la Conselleria de Bienestar Social. Según el Imserso, dependiente del Gobierno de España, a 1 de marzo de este año 53.748 valencianos tenían reconocida una prestación por dependencia, la mayoría de grado dos y tres. Por su parte, sólo 41.699 personas reciben efectivamente la prestación. Así, 12.049 personas tienen el derecho reconocido pero no pueden percibir ningún euro ni servicio porque la conselleria no les ha aprobado definitivamente la ayuda. De hecho y como ha venido contando Levante-EMV, son centenares los que han tenido que acudir a los tribunales, falleciendo incluso ante de ver un solo euro.
Estos datos contrastan con la gran cantidad de edificios construidos para dar cabida a dependientes, mayores y discapacitados. De momento y según datos de la Conselleria de Bienestar Social, existen en la actualidad 15.000 plazas financiadas con dinero público, 10.500 públicas íntegramente y otras 4.500 sufragadas con subvenciones para el mantenimiento de centros, como los dependientes de órdenes religiosas, y prestaciones vinculados al servicio, un dinero que se da al dependiente para que elija la residencia o centro donde quiere que le atiendan y abona la diferencia. Un modelo más acorde para las rentas altas.
Pero no sólo compete a la Generalitat poner en funcionamiento esta gran cantidad de centros, aunque podría hacerlo. En época del Plan E del Gobierno se construyeron muchos centros para ayuntamientos que posteriormente no han podido cumplir con el presupuesto requerido y se ha decidido dejarlos cerrados. Francisco Camps quiso emular a Zapatero y también se lanzó a la construcción de estas infraestructuras, así como algunos ayuntamientos que con la llegada de la crisis no han tenido posibilidad de financiar una residencia.
En estos momentos hay casos flagrantes de residencias públicas de gran capacidad cerradas en Vilafranca, Quartell, Quart de Poblet o Albal. Algunos partidos de la oposición, como el PSPV, ya han anunciado que impulsarán la puesta en marcha de estos centros íntegramente públicos.
