El bar-cafetería de las Corts, con menús subvencionados de 5,65 euros para diputados, funcionarios y visitas, no deja de dar quebraderos de cabeza a la institución. El último, que además podría conllevar consecuencias económicas y, sobre todo, para la imagen del Legislativo, es la posible irregularidad en que ha estado funcionando el servicio desde que arrancó en los años 80. El sistema, similar al de otros parlamentos autonómicos y al de las Cortes Generales, consiste en que la institución otorga la gestión de la cafetería-restaurante a una empresa de hostelería; sin embargo, para garantizar la rentabilidad del servicio y unos precios hiperreducidos, con bocadillos a 0,75 euros, la institución le transfiere mensualmente una subvención que, en la actualidad, es de 9.850 euros. Al año, 118.200 euros. Pero, recientemente, en las Corts se extendió la duda: ¿Esta subvención no es realmente la contraprestación por un servicio, esto es, un contrato y, por tanto, está sujeto a IVA?
El Legislativo hizo consultas informales, al tiempo que inquirió en otros parlamentos. Y la información no pudo ser más preocupante: La Cámara podría haber estado escamoteando a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria las cantidades correspondientes al IVA de esa aportación económica, cuyo tipo actual está fijado en el 10 %. Aunque hay algún parlamento donde se funciona como en las Corts, subvención libre de IVA, en la mayoría, la concesionaria apoquina el impuesto.
Ante esta situación, se habló con la empresa que ganó el concurso adjudicado en febrero de 2013 (Colevisa, con la que la institución está satisfecha) para ver si colaba el que la firma pasara a asumir ese 10 % de IVA. Pero la empresa trasladó que, en esas circunstancias, ya no le resultaba rentable la contrata. La otra opción, que la Cámara incrementara en un 10 % la subvención para asumir así el coste del impuesto, habría supuesto una irregularidad. Con este panorama, la Mesa del Parlamento ha dado instrucciones al letrado mayor para que presente una consulta ante la dirección general de Tributos del Ministerio de Hacienda, con el fin de saber con toda seguridad si esa aportación a la concesionaria conlleva IVA. La consulta es vinculante, con lo que lo que determine la AEAT será norma de obligado cumplimiento en todas las cafeterías institucionales con precios subvencionados en España.
¿Peligra el menú 'popular'?
En la Cámara se da por hecho que la AEAT dictaminará que se trata del pago por un servicio; por tanto, sujeto a IVA. En previsión, la Mesa de las Corts ha denunciado formalmente el contrato con la concesionaria (rubricado en marzo de 2013), renunciando así a los dos años de prórroga (hasta 2017) que preveía la licitación. La firma ha aceptado seguir sirviendo menús en tanto se aclare la situación. Si, como se espera, la AEAT exige el IVA, las Corts sacarán el concurso con las nuevas condiciones; en caso contrario, se volvería a la situación actual y no peligraría el menú barato de los diputados.
