Antes de que algunos políticos empezaran a abusar del término transversal para explicar que su aspiración de ganar adeptos trascendía la clase social, otros políticos y empresarios ya venían aplicando ese concepto de mercado a la hora de pasear el maletín. En el mapa valenciano de la presunta corrupción, hay nombres (desde Enrique Ortiz a Juan Cotino) que se repiten en las diversas causas judiciales sobre casos de corrupción. La investigación judicial recién abierta en un juzgado por la denuncia de Anticorrupción „a instancias de Esquerra Unida„ sobre el presunto desvío de fondos a una empresa pantalla del ex gerente de Imelsa Marcos Benavent es otra demostración de que los protagonistas de los escándalos se cruzan.
Las pesquisas de la Fiscalía entre julio de 2014 y el pasado mes de marzo y del juzgado desde entonces sobrepasan a Imelsa y a Benavent y salpican, entre otros, al exvicepresidente Enrique Crespo, responsable del área de Carreteras y uno de los principales procesados por el saqueo de 24 millones de euros en Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo que él presidía.
Las millonarias y diversas irregularidades en algunos de los contratos adjudicados por el principal departamento inversor de la diputación „gestiona 2000 kilómetros de carreteras„ se incluyen en las pesquisas del fiscal y del juez, según fuentes conocedoras de la investigación. Enrique Crespo „para el que la Fiscalía pide 14 años de prisión por Emarsa y está además acusado de alzamiento de bienes por esconder unos 12,5 millones que le tocaron en la lotería„ llevó el área de Carreteras durante más de nueve años.
Contratistas de Emarsa
Entre sus múltiples contratistas figuran Talent Ingeniería e Intercontrol Levante. Estas dos firmas también recibieron adjudicaciones en Emarsa. La primera lideraba la UTE adjudicataria de las obras de la carretera de enlace entre Xeraco y Cullera y Gandia. Se licitaron por más de 3 millones y el proyecto sufrió un modificado al alza de 303.246 euros. Los técnicos provinciales se opusieron. Pero Crespo y el propio Alfonso Rus, por decreto, validaron los sobrecostes.
Intercontrol Levante redactó el proyecto de obras de «ordenación de accesos en la CV-310». La concesión se aprobó por decreto firmado por Crespo en octubre de 2008. La adjudicación del proyecto „por 68.335 euros„ fue oficial el 31 de marzo de 2009, seis meses después de que el trabajo acabado se expusiera. De nuevo, un decreto de Alfonso Rus validó la adjudicación que nunca salió a concurso.
Dentro de la amplia y variopinta gama de irregularidades en Carreteras, destapadas por Levante-EMV y ahora investigadas en sede judicial, tiene lugar preferente, por pintoresca, la adjudicación de unas obras a dedo „los llamados negociados sin publicidad„ cuando ya estaban hechas e inauguradas, con toda la pompa e incluso con reparto de dípticos de propaganda. Se trata de un andén peatonal anexo a la carretera de acceso a Chulilla. Rus avaló con su firma la adjudicación de uno de los contratos cuatro meses después de que Crespo cortó la cinta inaugural, en marzo de 2011 y en plena precampaña electoral. Estos tres contratos complementarios al principal fueron ejecutados, entre otras, por una firma de Enrique Ortiz, que se llevó la obra principal de 672.000 euros.
Los contratos en Carreteras ofrecen ejemplos de descontrol y caos. Rus llegó a tener obras paradas por 30 millones al no haber expropiado el suelo. En algún caso ni se habían iniciado los trámites para disponer de los terrenos. La CV-307 y la CV-310 son ejemplos de esta imprevisión , que llevó a los adjudicatarios„la UTE Becsa S. A. y Rafael Morales S. A.„a tener que asumir el «no se autoriza el comienzo de las obras», firmado por los técnicos, entre ellos el jefe del área José Antonio Aranda, del que Rus prescindió tras la caída en desgracia de Crespo para marcar distancias.
Indemnizaciones a las empresas
La gestión ineficiente no salió gratis. La diputación tuvo que asumir indemnizaciones a tres constructoras, a principios de 2010, por 1,4 millones por daños y perjuicios tras dos años en el retraso de unas obras por no disponer de los terrenos.
Entre las anomalías denunciadas políticamente y ahora bajo la lupa judicial están los contratos con firmas de consultoría de ingeniería y urbanismo. En el año 2009, la diputación gastó más de 3,3 millones en estos servicios, según revelaba la propia rendición provincial de cuentas. En la práctica supone una privatización del área técnica.
En el marco estricto de la empresa pública Imelsa, la diputada Rosa Pérez desveló ayer que entre la documentación aportada por Esquerra Unida «existen pruebas de cómo Imelsa pedía las empresas adjudicatarias fraccionar en diversas facturas un único servicio presupuestado para poder justificarlo mediante contratos directos y negociados sin publicidad», esto es, a dedo. «Es más „añade la denunciante„ no sólo se indica cómo fraccionar las facturas sino cómo hacerlo mediante diversas empresas y cómo los negociados sin publicidad deben ir acompañados de presupuestos alternativos de otras empresas vinculadas», agregó, una práctica, el paripé de presentar la misma oferta con distintas marcas, muy habitual en Gürtel. Esquerra Unida señaló que el fraccionamiento de contratos para evitar concursos se ha dado con frecuencia en las adjudicaciones de las ferias de turismo en las que participa la diputación.
El portavoz del PSPV José Manuel Orengo, dijo que los socialistas están «consternados» y pidió la convocatoria urgente de la junta de portavoces.
